Se avecinan tiempos de cambio en el panorama político mexicano. El próximo mes de octubre marcará el inicio de un proceso crucial para el futuro de la democracia en el país: las encuestas ciudadanas sobre el sistema electoral. Este ejercicio, impulsado desde la Presidencia, busca recoger la voz del pueblo para dar forma a una reforma electoral que, según las autoridades, reflejará la voluntad popular. La promesa es clara: que la gente decida. No solo quienes tradicionalmente participan en los procesos políticos, sino todos los ciudadanos, tendrán la oportunidad de expresar su opinión y contribuir a la construcción de un sistema electoral más justo y representativo.

Este proceso, que arrancó formalmente el 4 de agosto con la publicación del Decreto para la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, cobra cada vez más fuerza. Tras la instalación de la comisión el 11 de agosto y la aprobación de su reglamento interno, se ha delineado un calendario de trabajo que promete ser intenso. De septiembre a diciembre, se llevarán a cabo audiencias públicas en las 32 entidades federativas, lideradas por figuras clave del gobierno actual. Desde Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión, hasta Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, pasando por Arturo Zaldívar, Coordinador General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, y Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de Presidencia, entre otros. Un equipo diverso que buscará recoger las distintas perspectivas y propuestas de la ciudadanía en cada rincón del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la importancia de la participación ciudadana en este proceso. “Ahora opina la gente”, ha afirmado, destacando la apertura y la inclusión como pilares de esta iniciativa. Se busca trascender los mecanismos tradicionales de participación política, abriendo espacios para que todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política o nivel de involucramiento, puedan hacer oír su voz y contribuir a la construcción de un sistema electoral que responda a las necesidades y demandas de la sociedad. La pregunta es: ¿qué tan representativas serán estas encuestas? ¿Lograrán captar la verdadera pluralidad de opiniones que existen en un país tan diverso como México? El tiempo lo dirá.

En paralelo a la reforma electoral, se desarrolla otro debate crucial: el presupuesto del Poder Judicial. La presidenta Sheinbaum ha solicitado al Congreso una reducción de cerca de 15 mil millones de pesos, argumentando la necesidad de austeridad republicana y salarios más bajos para los funcionarios judiciales. Esta propuesta ha generado controversia, y la discusión se centra en el equilibrio entre la independencia del Poder Judicial y la necesidad de un manejo responsable de los recursos públicos. ¿Cómo impactará esta reducción en la administración de justicia? ¿Se verá afectada la capacidad del Poder Judicial para desempeñar sus funciones de manera efectiva? Son preguntas que aún no tienen respuesta definitiva, y que sin duda seguirán alimentando el debate público en las próximas semanas. La presidenta enfatiza que el nuevo Poder Judicial debe ajustarse a los principios de austeridad, y que la reducción presupuestal es una consecuencia lógica de este compromiso. Sin embargo, queda por ver cómo se implementará esta medida y cuáles serán sus consecuencias a largo plazo. La discusión está abierta, y el futuro del Poder Judicial, al igual que el del sistema electoral, se encuentra en un momento de transformación.