La sombra de la impunidad no logró cubrir la justicia. Un caso que conmocionó a la sociedad poblana en 2018, y que ha mantenido en vilo a la opinión pública durante años, finalmente ha llegado a una conclusión definitiva: la confirmación de la sentencia contra Guadalupe N., ex-elemento de la Policía Municipal de Puebla, por los aberrantes actos de violencia y abuso de poder cometidos contra un ciudadano.

El 1 de octubre de 2018 se escribió un capítulo oscuro en la historia de la seguridad pública de Puebla. Una jornada que comenzó como cualquier otra para la víctima y su acompañante, se transformó en una pesadilla al ser interceptados por Guadalupe N. y otro agente policiaco, quienes, haciendo uso indebido de su autoridad y operando fuera del marco legal, se desplazaban en vehículos particulares. Este detalle, aparentemente menor, revela una premeditación escalofriante y una clara intención de actuar al margen de la ley.

La privación ilegal de la libertad fue solo el preludio de una serie de actos de barbarie que cuesta creer pudieran ser perpetrados por quienes juraron proteger a la ciudadanía. Golpes en diversas partes del cuerpo, asfixia con una bolsa de plástico y descargas eléctricas formaron parte del brutal interrogatorio al que fue sometida la víctima. Una fractura de clavícula, testimonio silencioso del sufrimiento infligido, se suma a la lista de vejaciones. El objetivo de esta tortura: obtener información sobre supuestos vínculos con robos en las zonas de Angelópolis y La Calera. Una acusación que, a la luz de los hechos, se desvanece ante la brutalidad del procedimiento empleado.

Como si la violencia física no fuera suficiente, la víctima fue obligada a entregar dinero en efectivo tras ser llevada a su domicilio. Un acto de extorsión que desnuda la codicia y la falta de escrúpulos de los perpetradores. Y como culminación de este macabro episodio, los agentes intentaron incriminar a la víctima con la supuesta posesión de un arma de fuego y narcóticos. Una maniobra desesperada por ocultar sus propios crímenes y silenciar a quien ya había sufrido demasiado.

En 2024, un rayo de esperanza iluminó el camino hacia la justicia. La autoridad judicial, tras un exhaustivo análisis de las pruebas, dictó una sentencia de 11 años y 3 meses de prisión para Guadalupe N. Un fallo que, si bien no podía borrar el dolor y el trauma infligidos, representaba un paso importante hacia la reparación del daño y la restauración de la confianza en las instituciones.

Sin embargo, la lucha por la justicia no terminó ahí. La defensa de Guadalupe N., en un intento por evadir la responsabilidad de su cliente, promovió un medio de impugnación. La incertidumbre se apoderó nuevamente de la víctima y de quienes seguían de cerca el caso. ¿Prevalecería la verdad o se abriría una puerta a la impunidad?

Finalmente, tras un riguroso proceso de revisión, el Tribunal de Alzada ha hablado. La sentencia ha sido confirmada. Un mensaje contundente para quienes abusan de su poder y mancillan el uniforme que portan. Una victoria para la justicia y una señal de que, aunque el camino sea largo y tortuoso, la verdad y la reparación son posibles. Este caso, sin duda, marcará un precedente y servirá como recordatorio de la importancia de la vigilancia ciudadana y la lucha constante contra la corrupción y la impunidad en todos los ámbitos de la sociedad. La justicia, aunque a veces tarde, llega. Y en este caso, ha llegado para quedarse.