La creciente presión de Estados Unidos sobre México en materia de seguridad se intensifica, enfocándose en el desmantelamiento de las redes de facilitación de actividades ilícitas que impactan directamente en su seguridad nacional y sus intereses económicos. El escrutinio se centra en las fuerzas armadas mexicanas, particularmente la Marina, señalada por presuntas brechas de seguridad en puntos estratégicos del comercio binacional como puertos, aduanas, aeropuertos y ferrocarriles. Estas áreas, cruciales para el flujo comercial entre ambos países, representan un riesgo compartido que, según la perspectiva estadounidense, escapa al control civil. La administración de aduanas terrestres y marítimas por parte de mandos militares, quienes reportan directamente a la cúpula castrense, se encuentra bajo la lupa.

El escándalo del “huachicol fiscal”, que involucra a funcionarios y empresas en el robo de combustible, no solo confirma la existencia de estructuras delictivas paralelas, sino que también evidencia la interferencia de estas redes con los intereses de empresas estadounidenses. Más grave aún, se sospecha que estas estructuras brindan soporte logístico al crimen organizado. La detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, implicado en el robo de combustible, deja de ser un simple rumor para convertirse en un caso con resonancia internacional.

La reciente visita del senador Marco Rubio subraya la importancia de la cooperación bilateral en materia de seguridad. La acción del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se enmarca en los acuerdos alcanzados durante dicha visita, incluyendo la creación de un grupo de alto nivel para supervisar cinco compromisos clave: combate a los cárteles, seguridad fronteriza, prevención del robo de combustibles, control de flujos financieros ilícitos y cooperación judicial.

Sin embargo, la agenda de Washington va más allá. A estos temas se suman la preocupación por la influencia de China, Venezuela y Cuba en la región, y la necesidad de controlar las remesas enviadas desde Estados Unidos a México. La Casa Blanca busca neutralizar los vínculos del crimen organizado con regímenes considerados adversarios, como los de Xi Jinping, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. Existe la convicción de que un porcentaje significativo de las remesas se utiliza para el lavado de dinero, lo que impulsa la urgencia de un mayor control sobre estos flujos financieros.

En este contexto, las investigaciones se dirigen hacia familiares del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, señalados por su presunta vinculación con empresas fachada que obtuvieron contratos estratégicos en puertos, trenes y aeropuertos. El objetivo final es desmantelar toda la estructura que sostiene al crimen organizado, desde los laboratorios de fentanilo hasta las redes políticas, familiares y empresariales que lo protegen.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz, se enfrenta a un caso complejo: el litigio de las hermanas Garza Delgado, herederas del fundador de Grupo Alfa, quienes fueron despojadas de una cuantiosa suma en acciones. La ministra Loretta Ortiz ha presentado un proyecto que genera controversia, reabriendo un caso que parecía resuelto y que implica a Banco Santander. Se cuestiona la legalidad de esta acción y si la nueva Corte permitirá este tipo de maniobras, especialmente ante las sospechas de influencia indebida por parte del banco.

En relación con la SCJN, se ha tomado una postura firme contra las prácticas dilatorias. El proyecto de la ministra Lenia Batres, a discutirse próximamente, impondría una multa a Banco Actinver por su conducta tramposa en un litigio con Rafael Zaga, dejando claro que la nueva Corte no tolerará argucias legales para retrasar las decisiones judiciales. Esta postura genera preocupación en la institución financiera.

Finalmente, la Secretaría de Gobernación, liderada por Rosa Icela Rodríguez, reafirma su compromiso en el combate a la corrupción en el sector de Juegos y Sorteos. Se busca regularizar la industria y fortalecer los controles para prevenir el lavado de dinero, en colaboración con el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta iniciativa responde a la creciente preocupación por la evasión fiscal y la utilización de este sector para el blanqueo de capitales provenientes del crimen organizado, bajo el escrutinio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense.