La industria de los videojuegos en México se encuentra en una encrucijada. Mientras que por un lado experimenta un crecimiento exponencial, convirtiéndose en un motor económico y cultural de gran relevancia, por otro se enfrenta a la amenaza de un nuevo impuesto que podría frenar su desarrollo. Este impuesto, del 8% a los videojuegos, se justifica bajo la premisa de que la mayoría de los juegos populares son "violentos", una afirmación que no se sostiene con datos concretos. De los diez juegos más populares en México, solo tres podrían considerarse dentro de esta categoría, lo que demuestra la superficialidad del argumento utilizado para justificar el gravamen.

Más allá de la discutible justificación, el impacto económico de este impuesto es preocupante. Se estima que podría reducir los ingresos de la industria hasta en un 1.5%, una cifra significativa para un sector en pleno crecimiento. Y lo más paradójico es que la recaudación que se obtendría representaría menos del 0.002% del presupuesto federal de 2026. Es decir, un impacto mínimo para las arcas públicas, pero un golpe considerable para una industria que necesita de inversión constante en investigación, desarrollo y talento.

La inclusión de los videojuegos dentro de la Ley del IEPS, junto con productos como el alcohol y el tabaco, es un error conceptual que envía un mensaje equivocado a la sociedad. A diferencia de estas sustancias, los videojuegos no generan adicciones físicas ni problemas de salud pública comparables. Al contrario, existen numerosos estudios que demuestran los beneficios cognitivos, sociales e incluso emocionales que pueden aportar los videojuegos cuando se consumen de manera responsable. Esta equiparación no solo carece de fundamento, sino que devalúa el aporte cultural y educativo de la industria.

Imaginen el potencial que tiene México para convertirse en un referente en el desarrollo de videojuegos, al igual que Canadá, Estados Unidos, Francia o Japón. En lugar de obstaculizar el crecimiento del sector con impuestos ineficaces, deberíamos estar implementando políticas que lo impulsen. Incentivos fiscales, campañas de promoción internacional, protección de la propiedad intelectual y el combate a la piratería son solo algunas de las medidas que podrían marcar la diferencia. Además, es fundamental establecer reglas claras que fomenten la inversión y brinden seguridad jurídica a los desarrolladores locales.

La industria de los videojuegos no es simplemente entretenimiento. Es un crisol de creatividad, innovación y talento, un sector que genera empleos de alta especialización y posiciona a México en el mapa internacional de la innovación. Gravarla como si fuera un vicio no solo es desproporcionado, sino que representa una amenaza para su futuro. México tiene la oportunidad de apostar por el crecimiento de esta industria, un sector que ya es motor de desarrollo económico y cultural. Es hora de dejar de verla como un problema y empezar a reconocerla como la oportunidad que realmente es.