La sombra de la mafia se cierne sobre las aduanas mexicanas. No es un rumor de pasillo, sino una sospecha fundada que ha puesto en alerta al gobierno de Claudia Sheinbaum. Agencias aduanales, convertidas en engranajes de una maquinaria corrupta, han operado durante años con impunidad, facilitando el contrabando y debilitando la seguridad nacional. Ante este panorama desolador, la administración actual se prepara para una reforma profunda, un auténtico terremoto que sacudirá los cimientos de este sector crucial para el comercio exterior.

Rafael Marín Mollinedo, al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), tiene la titánica tarea de reestructurar el sistema, tejiendo una nueva red jurídica y administrativa que cierre el paso a la corrupción. Los 860 agentes aduanales registrados en el país serán sometidos a un riguroso escrutinio: exámenes exhaustivos, revisión de expedientes y un análisis profundo de sus antecedentes. No se trata de una simple auditoría, sino de una depuración a fondo, una cirugía mayor para extirpar el tumor de la ilegalidad. En esta cruzada, Marín Mollinedo no estará solo. Contará con el apoyo de instituciones clave como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Hacienda, el SAT y la Secretaría de Seguridad. Un frente unido contra la corrupción que busca sanear las aduanas y devolverles su función primordial: facilitar el comercio legítimo.

Las agencias aduanales, lejos de ser meros intermediarios, juegan un papel vital en el sistema de comercio exterior. Gestionan trámites, clasifican mercancías, calculan impuestos y garantizan el cumplimiento de las regulaciones. Se presentan como aliados estratégicos de empresarios e importadores, pero la realidad es que muchas se han convertido en cómplices del contrabando, relajando los controles y permitiendo el ingreso de productos ilegales. Han transformado una función estratégica en un negocio turbio, un lucrativo apéndice del crimen organizado. El gobierno de la 4T está decidido a "meter en cintura" a estos actores que han pervertido el sistema, convirtiendo las aduanas en puertas abiertas para la corrupción. La opacidad debe ceder el paso a la transparencia, el contrabando a la legalidad y la impunidad a la justicia.

La volcadura de la pipa de Silza en Tijuana, un trágico suceso que cobró una vida, ha destapado la caja de Pandora de las irregularidades que rodean a esta empresa gasera. No se trató de un simple accidente, sino de la consecuencia de un sistema permisivo que ha tolerado sus prácticas cuestionables. En Baja California, Silza ha sido consentida por gobiernos de todos los colores, acumulando contratos millonarios a lo largo de los años. La tragedia ha puesto en evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva de los permisos y contratos otorgados a esta empresa, así como de las medidas de seguridad que implementa. El negocio del gas no puede medirse en pesos y centavos, sino en vidas humanas. La normalización de las irregularidades y la impunidad no pueden seguir siendo el precio que se paga por el crecimiento económico.

En los pasillos del poder se susurra lo que nadie se atreve a decir en voz alta: las reformas a la Ley de Amparo tienen un destinatario específico: aquellos empresarios y grupos económicos que evaden sus responsabilidades fiscales. La digitalización de los procesos y la búsqueda de mecanismos para proteger el sistema financiero son algunas de las medidas propuestas. Se trata de una estrategia integral para combatir la evasión fiscal y garantizar que todos contribuyan de manera justa al desarrollo del país. La justicia no puede ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Y como diría un sabio, aunque no recordemos su nombre: "Cuando la puerta de entrada es corrupta, el país entero se convierte en una bodega ilegal".