La lealtad inquebrantable de la Presidenta Sheinbaum hacia su partido y hacia la figura de AMLO es un tema que ha generado un intenso debate en la esfera pública. Si bien algunos la aplauden por su firmeza y compromiso con la causa, otros cuestionan el precio que esta devoción está cobrando a su credibilidad política y personal, así como a la imagen de México en el escenario internacional. Este análisis busca profundizar en las complejas implicaciones de esta situación.

La estrategia comunicacional del gobierno, orquestada por un equipo de asesores y voceros, se centra en presentar las decisiones y acciones de la presidenta como parte de un plan maestro, audaz e inteligente. Se busca proyectar una imagen de fuerza y valentía, incluso cuando estas acciones se dirigen contra miembros de su propio movimiento. Se intenta justificar estas medidas como necesarias para la "limpieza" interna y la consolidación del proyecto político. Sin embargo, esta narrativa choca con la realidad palpable y con las propias declaraciones de la presidenta, generando una disonancia que alimenta la desconfianza y el escepticismo.

Mientras tanto, en las "Mañaneras del Pueblo", la Presidenta Sheinbaum se presenta como ajena a muchos de los acontecimientos que sacuden al país. Su reiterado desconocimiento sobre temas cruciales, como las acusaciones de corrupción contra miembros de su partido, la retirada de visas a funcionarios, el origen y alcance del huachicoleo, e incluso los costos de la seguridad del presidente AMLO, genera una profunda contradicción con la imagen de control y conocimiento que debería proyectar una jefa de Estado. Esta estrategia de negar sistemáticamente cualquier implicación en los escándalos que rodean a su administración la ha convertido en una figura que evade responsabilidades y que se refugia en la ignorancia.

La magnitud del robo del huachicol, considerado el mayor desfalco en la historia de México, pone en tela de juicio la eficacia de las políticas de combate a la corrupción implementadas por el gobierno. A pesar de las reiteradas afirmaciones de honestidad y transparencia, la realidad muestra un panorama sombrío, donde la impunidad parece reinar. La comparación con escándalos de administraciones anteriores, como el de la Casa Blanca de Peña Nieto, sirve para dimensionar la gravedad de la situación actual y la incapacidad del gobierno para frenar la corrupción.

La dualidad en la estrategia política del gobierno, que intenta proyectar una imagen de firmeza contra la corrupción al mismo tiempo que protege a sus aliados implicados en actos ilícitos, resulta insostenible a largo plazo. Esta contradicción se hace evidente tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La reciente visita del Primer Ministro de Canadá y la falta de traducción simultánea de sus palabras, que aludían a la necesidad de un Estado de derecho sólido en México, son un claro ejemplo de cómo la imagen del país se ve afectada por la falta de transparencia y la negación de la realidad.

El futuro de México se encuentra en una encrucijada. La consolidación de un régimen autoritario, amparado en la impunidad y la manipulación de la información, representa una seria amenaza para la democracia y el Estado de derecho. La reforma electoral, si se implementa en los términos propuestos, podría ser el instrumento que consolide el poder del partido en el gobierno y perpetúe un sistema donde la corrupción y la criminalidad se entrelazan con las estructuras del poder. Es crucial que la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y la comunidad internacional se mantengan vigilantes ante esta deriva autoritaria y exijan transparencia y rendición de cuentas. El silencio y la complicidad solo profundizarán la crisis que atraviesa el país.