El escándalo que rodea el caso Dani Alves y los Pumas de la UNAM ha destapado una olla podrida en el fútbol mexicano: la práctica generalizada de los dobles contratos. Más allá del morbo que genera la figura del futbolista brasileño y las acusaciones que enfrentó, este caso nos obliga a mirar con lupa la oscura realidad financiera que se esconde tras los reflectores del deporte más popular del país. No se trata de un hecho aislado, sino de un síntoma de un mal mayor que afecta la transparencia y la credibilidad del fútbol mexicano.

La estrategia de dividir los ingresos de un jugador entre un contrato laboral y otro de imagen no es nueva. Se utiliza, como se ha visto en ligas como la española, para minimizar la carga fiscal tanto para el club como para el jugador. Mientras que en otros países existen regulaciones más estrictas al respecto, en México esta práctica se mueve en un terreno gris, abriendo la puerta a la opacidad y a posibles irregularidades. ¿Quién se beneficia realmente de esta situación? ¿Son los clubes los únicos responsables o existe una connivencia con las autoridades que permite que este tipo de prácticas se perpetúen?

El caso de Dani Alves es paradigmático. Un jugador en el ocaso de su carrera, contratado más por su nombre y su potencial impacto mediático que por su rendimiento deportivo. La apuesta de los Pumas, claramente orientada a la venta de boletos y camisetas, se convirtió en una pesadilla. La acusación de violación contra el brasileño no solo manchó la imagen del club, sino que también puso en evidencia la fragilidad de los contratos y la falta de previsión ante situaciones de este tipo.

La decisión del TAS de reducir la indemnización que Alves debía pagar a los Pumas confirma la complejidad del asunto. Si bien el club argumentó el daño a su imagen, el tribunal consideró que el contrato de imagen no se había visto afectado, a pesar del escándalo mediático y el proceso judicial. Este argumento, si bien legalmente válido, deja un sabor amargo. ¿Acaso la imagen de un club no se ve afectada cuando uno de sus jugadores es acusado de un delito tan grave? ¿Dónde queda la responsabilidad social y ética de las instituciones deportivas?

Más allá de la disputa legal, el caso Dani Alves nos deja importantes lecciones. En primer lugar, la necesidad de una regulación más clara y transparente en cuanto a los contratos de los futbolistas. Es fundamental que las autoridades deportivas intervengan para evitar la elusión fiscal y garantizar la equidad en el sistema. En segundo lugar, la importancia de priorizar los valores deportivos por encima del marketing y la búsqueda de beneficios económicos a corto plazo. La contratación de jugadores con un historial problemático, aunque sean figuras mediáticas, puede tener consecuencias devastadoras para la imagen y la reputación de un club.

Finalmente, este caso nos invita a reflexionar sobre el papel de los aficionados. ¿Somos cómplices de estas prácticas al consumir los productos y apoyar a los clubes que las implementan? ¿Debemos exigir mayor transparencia y responsabilidad a las instituciones deportivas? El futuro del fútbol mexicano depende, en gran medida, de nuestra capacidad para cuestionar el status quo y demandar un cambio real. La pelota, ahora, está en nuestra cancha.