El estruendo de la tierra, el polvo que lo cubre todo, la angustia que se clava en el pecho. México, un país marcado por la fuerza telúrica, ha vivido momentos de profunda devastación. 1985 y 2017, dos fechas grabadas a fuego en la memoria colectiva, dos sismos que sacudieron no solo los cimientos de la Ciudad de México, sino también la conciencia nacional. En cuestión de segundos, la vibrante metrópoli se transformó en un paisaje de escombros, donde la vida pendía de un hilo.

Pero de entre las ruinas, de entre el polvo y la desesperación, emergió la fuerza indomable del espíritu mexicano: la solidaridad. Una ola humana que desbordó las calles, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, unidos por un mismo propósito: rescatar, ayudar, reconstruir. Sin importar clase social, ideología o credo, México se convirtió en un ejército de voluntarios, manos que excavaban entre los escombros, voces que animaban a los atrapados, hombros que cargaban el peso de la tragedia. Una imagen conmovedora, un testimonio de la profunda capacidad de unión que yace en el corazón de este país.

Sin embargo, esta misma solidaridad, tan admirable como necesaria, puso al descubierto una herida latente: la fragilidad de la respuesta institucional. Tanto en 1985 como en 2017, la ayuda oficial tardó en llegar, la coordinación falló, los protocolos se mostraron insuficientes. Ante la ausencia del Estado, la ciudadanía tomó las riendas, improvisando soluciones, supliendo carencias, demostrando una vez más su enorme resiliencia.

Pero la improvisación, aunque heroica, no puede ser la norma. La buena voluntad no sustituye la planificación, ni la valentía la estrategia. La respuesta ante un desastre de tal magnitud requiere de un Estado presente, con recursos, protocolos y personal capacitado. Requiere de una cadena de mando clara, de una logística eficiente, de una comunicación fluida que permita canalizar la ayuda de manera efectiva y evitar que la solidaridad se convierta en caos. Lo vimos en los sismos, lo hemos visto en otras tragedias, la ayuda desorganizada, por bienintencionada que sea, puede incluso entorpecer las labores de rescate y poner en riesgo la vida de los voluntarios.

La lección es clara: México necesita fortalecer su capacidad de respuesta ante desastres. No basta con la solidaridad, se requiere una inversión seria en prevención y preparación. Necesitamos sistemas de alerta temprana más sofisticados, brigadas de rescate mejor equipadas, protocolos de actuación claros y difundidos a toda la población. Y, sobre todo, necesitamos una cultura de prevención arraigada en la sociedad.

Los simulacros no pueden ser vistos como un mero trámite burocrático, sino como una herramienta vital para la supervivencia. Debemos educar a la población sobre cómo actuar ante una emergencia, cómo evacuar un edificio, cómo brindar primeros auxilios. La prevención no debe ser un acto simbólico, sino una práctica cotidiana, integrada en la vida diaria, en las escuelas, en los centros de trabajo, en los hogares.

La resiliencia del pueblo mexicano es innegable, pero no podemos seguir dependiendo únicamente de ella. La verdadera fortaleza radica en la prevención, en la preparación, en un Estado que asuma su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Los sismos, los huracanes, las inundaciones, son parte de la realidad de nuestro país, pero la diferencia entre la tragedia y la supervivencia reside en nuestra capacidad de anticiparnos, de prepararnos, de construir un futuro más seguro para todos. La solidaridad es el corazón de México, pero la prevención debe ser su escudo.