La tragedia del Puente de la Concordia, que ha enlutado a 27 familias y mantiene a otras 18 en vilo con sus seres queridos hospitalizados, ha sacudido a la Ciudad de México hasta sus cimientos. A diez días del incidente, el dolor sigue latente, palpable en cada rincón de la capital. La imagen de la explosión, la nube de humo y los gritos de auxilio aún resuenan en la memoria colectiva, un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida. Las palabras de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ofreciendo apoyo y solidaridad a las familias afectadas, son un bálsamo en medio de tanta tristeza, pero no pueden borrar el vacío que ha dejado esta tragedia. La promesa de una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es un paso crucial para esclarecer las causas del accidente y, sobre todo, para que se haga justicia. La transparencia y la responsabilidad en la información que se proporcione a la ciudadanía serán fundamentales para mantener la confianza en las instituciones y para que este tipo de tragedias no se repitan.

Más allá del consuelo inmediato a las familias, la tragedia ha puesto en evidencia la necesidad urgente de revisar los protocolos de seguridad en el transporte y distribución de gas LP. El anuncio de los diputados de Morena de revisar la legislación en la materia es una respuesta necesaria, aunque llega tarde para las víctimas de este incidente. La propuesta de realizar foros con la participación de todos los actores involucrados, desde la Secretaría de Protección Civil y los bomberos, hasta los empresarios y la sociedad civil, es un acierto. Es imperativo escuchar todas las voces, analizar cada perspectiva y tomar decisiones informadas que garanticen la seguridad de todos los capitalinos.

El 80% de los hogares en la Ciudad de México dependen del gas LP. Este dato subraya la importancia vital de asegurar que su distribución se realice de manera segura y responsable. No se trata solo de revisar las condiciones de los vehículos y los tanques, sino también de supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de las empresas distribuidoras. La revisión de la ley no puede ser un mero trámite burocrático, una respuesta apresurada a la presión mediática. Debe ser un proceso profundo y exhaustivo que culmine en una legislación robusta y eficaz, capaz de prevenir futuras tragedias. La vida de los ciudadanos no puede depender de la buena voluntad de las empresas ni de la suerte.

La tragedia del Puente de la Concordia debe ser un punto de inflexión. Un llamado a la acción para que las autoridades, las empresas y la sociedad en su conjunto asuman la responsabilidad de construir una ciudad más segura para todos. La memoria de las víctimas nos obliga a no olvidar, a exigir justicia y a trabajar incansablemente para que este tipo de eventos no vuelvan a ocurrir. La solidaridad y el apoyo a las familias afectadas son importantes, pero no suficientes. Es necesario un cambio profundo, una transformación que priorice la seguridad y la vida por encima de cualquier otro interés. El futuro de la Ciudad de México depende de ello.