En medio del torbellino mediático generado por la supuesta interposición de amparos por parte de Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, surge una pregunta fundamental: ¿cuáles son realmente las prioridades nacionales? ¿Es acaso relevante detener la agenda pública para discutir la validez de unos recursos legales cuya existencia misma está en duda? Mientras las redes sociales y los medios de comunicación se inundan de especulaciones y versiones contradictorias, la atención se desvía de un problema de fondo, mucho más preocupante: la difusa línea que separa al partido Morena del gobierno.

La veloz reacción de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmando que Andy López Beltrán no interpuso amparo alguno, deja entrever una preocupante confusión de roles. ¿Desde cuándo es función de la presidencia defender a la familia del expresidente? Si la separación entre partido y gobierno es un pilar fundamental de la democracia, esta intervención resulta, cuanto menos, cuestionable. Se abre entonces un abanico de interrogantes: ¿se está utilizando la investidura presidencial para proteger intereses personales? ¿Se prioriza la imagen pública de una familia por encima de las necesidades del país?

Si Andy López Beltrán, como él mismo ha solicitado, desea ser tratado como un adulto, es momento de que asuma las responsabilidades que conlleva su posición. Enfrentar a la opinión pública con transparencia y dejar de lado la protección presidencial sería un primer paso. Ha emitido una carta abierta, sí, pero ¿por qué no someterse al escrutinio público en una rueda de prensa? Responder preguntas incómodas, incluso las relacionadas con su gestión en Morena, demostraría una madurez política que hasta ahora ha estado ausente.

Si, por otro lado, prefiere evitar las preguntas directas, la opción de la denuncia permanece abierta. Presentar una denuncia contra quien resulte responsable por la presunta tramitación de los amparos no solo aclararía la situación, sino que pondría en evidencia la posible manipulación del sistema judicial. Más aún, exigir una investigación exhaustiva sobre la actuación de los jueces que otorgaron dichas medidas sería un acto de responsabilidad cívica. La ligereza con la que se conceden amparos, que en teoría deberían ser un recurso excepcional, es un tema que merece una profunda reflexión.

Lo que resulta inaceptable es que la presidenta deba dar explicaciones sobre si los hijos de AMLO están o no bajo investigación. Esa es la función de las fiscalías, no de las conferencias matutinas ni de los comunicados de Palacio Nacional. El gobierno no tiene la obligación, ni la facultad, de defender a nadie de la 4T, ni de otros partidos, ni de sus familias. Mucho menos de confirmar o desmentir investigaciones judiciales.

Si, como insiste Andy López Beltrán, todo se trata de un montaje, entonces es su deber actuar como un ciudadano responsable y presentar la denuncia correspondiente. Que se investigue, que se esclarezca y que se deslinden responsabilidades. Esta sería la oportunidad de demostrar que no se trata de "otros datos", sino de hechos verificables. Y, de paso, demostrar que no es simplemente "el hijo de", sino un político capaz de navegar las turbulencias de la vida pública sin recurrir al apellido paterno ni a la protección presidencial.

En definitiva, el tiempo, la energía y los recursos públicos destinados a este asunto, del cual probablemente nunca conozcamos la verdad –¿fuego amigo, enemigo o incluso propio?–, deberían enfocarse en los verdaderos problemas que aquejan al país: la violencia desbordada, la crisis en salud y educación, la desconfianza en las instituciones, la falta de crecimiento económico. Defender desde Palacio Nacional la inocencia de AMLO, de su equipo y de sus hijos no es, ni ha sido nunca, una prioridad nacional. Y simplemente, no lo es ahora.