La evasión fiscal, un cáncer que corroe las finanzas nacionales y la soberanía económica de México, finalmente está siendo enfrentada con la firmeza que merece. No hablamos de pequeños fraudes, sino de una sofisticada red de contrabando de combustibles, el llamado "huachicol fiscal", que ha permitido a mafias enriquecerse a costa del erario público. Imaginen la magnitud del daño: combustible ingresando al país sin control, sin pagar un solo peso en impuestos, mientras los recursos que deberían destinarse a hospitales, escuelas e infraestructura se desvanecen en los bolsillos de unos cuantos. Este no es solo un problema de justicia fiscal, es un atentado contra la seguridad nacional.

La estrategia del Gobierno de la República para combatir este flagelo es contundente y se basa en dos pilares fundamentales: el desmantelamiento de las mafias y el endurecimiento de los controles aduaneros. Ya no bastará con la buena fe, se implementarán mecanismos más estrictos para asegurar que cada gota de combustible que ingrese al país esté debidamente registrada y gravada. Esto no es un capricho, es una necesidad imperiosa para sanear las finanzas públicas y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

La iniciativa de reforma a la Ley Aduanera, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, es una pieza clave en esta estrategia. Se trata de una reforma estructural y profunda, que busca cerrar las puertas a la corrupción y al contrabando, erradicando las redes criminales que operan en la impunidad. Es un paso audaz y necesario para construir un sistema aduanero transparente y eficiente, que proteja los intereses nacionales y promueva el desarrollo económico. Los tiempos de los privilegios fiscales están contados. Se acabó la fiesta para aquellos que se creían por encima de la ley. La nueva era se basa en la justicia y la equidad, donde cada quien contribuye con lo que le corresponde. El objetivo para 2026 es claro: combatir la evasión, terminar con las trampas del comercio ilegal y asegurar que los recursos públicos sirvan al pueblo, no a las mafias.

En este esfuerzo, la labor de inteligencia y la coordinación entre las distintas instancias gubernamentales son cruciales. El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha jugado un papel fundamental en la identificación y desarticulación de las redes de corrupción vinculadas al huachicol fiscal. Su compromiso y valentía son dignos de reconocimiento, al igual que la actuación decidida de la Secretaría de Marina, que no dudó en tomar las acciones correspondientes para enfrentar este desafío. A pesar de la dificultad y las resistencias, se ha dado un paso importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas.

Pero la lucha contra el huachicol fiscal no se limita a la persecución del delito. También implica fortalecer el mercado interno y proteger a los productores nacionales. Las reformas aduaneras buscan corregir las asimetrías que afectan a quienes con esfuerzo y dedicación generan empleos y riqueza en nuestro país. Es hora de apostar por lo hecho en México, por la calidad y el talento de nuestra gente. Consumir productos nacionales no es solo un acto de patriotismo, es una forma de impulsar la economía y construir un futuro más próspero para todos.

El compromiso con la transformación del país no se queda en el discurso. Es necesario recorrer cada rincón, escuchar las voces de la gente y trabajar en conjunto para construir un México más justo y equitativo. El diálogo con las bases sociales es fundamental para comprender las necesidades y las aspiraciones de la ciudadanía, y para llevar el mensaje de esperanza y cambio a todos los rincones del país. La transformación es un proceso colectivo, que requiere la participación activa de todos.