La propuesta de Kash Patel de tratar a los cárteles mexicanos como a Al Qaeda tras el 11-S, desataría un cambio sísmico en la guerra contra el narcotráfico. Imaginemos un escenario donde la maquinaria militar estadounidense, con su poderío tecnológico y operativo, se despliega en suelo mexicano. Ya no hablaríamos de operativos policiales conjuntos, sino de incursiones militares, drones sobrevolando territorios y soldados estadounidenses en las calles. Un panorama que evoca las intervenciones en Irak o Afganistán, con todas sus implicaciones.

Este cambio de paradigma choca frontalmente con la soberanía nacional de México. La reciente reforma impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que blinda al país contra intervenciones extranjeras, sería una barrera infranqueable para este tipo de operaciones. Recordemos las tensiones con la DEA durante el mandato de López Obrador, una muestra clara de la resistencia mexicana a la injerencia estadounidense en asuntos de seguridad interna.

La propuesta de Patel no surge en el vacío. Desde la era Trump, ha existido un interés en explorar opciones militares contra los cárteles, incluyendo ataques con drones y misiles, similares a los utilizados contra Al Qaeda en Medio Oriente. La reciente revelación del Washington Post sobre una propuesta de la DEA para realizar asesinatos selectivos y atacar infraestructuras en México, aunque desestimada por la administración Trump, ilustra la persistencia de esta línea de pensamiento.

La designación de los cárteles como narcoterroristas añade otra capa de complejidad. Al elevar la amenaza a un nivel global, se justifica una respuesta más contundente, abriendo la puerta a acciones militares que antes serían impensables. Si bien la administración Trump frenó la propuesta de la DEA, los ataques a lanchas con presuntos narcotraficantes procedentes de Venezuela demuestran una creciente disposición a utilizar la fuerza más allá de las fronteras.

Las consecuencias de implementar el plan de Patel serían profundas. Más allá del impacto operativo, se generaría una crisis diplomática de proporciones mayúsculas. La relación bilateral entre México y Estados Unidos se vería gravemente afectada, con consecuencias impredecibles para la cooperación en otros ámbitos, como el comercio y la migración. Además, la presencia militar estadounidense en México podría exacerbar la violencia y desestabilizar aún más regiones ya de por sí convulsas, generando un efecto contrario al buscado.

La experiencia en otras regiones del mundo nos muestra que las intervenciones militares rara vez resuelven el problema de raíz. En el caso del narcotráfico, un enfoque militar sin un sólido componente social y económico, destinado a combatir la pobreza y la falta de oportunidades que alimentan el problema, podría ser contraproducente. En lugar de debilitar a los cárteles, podría fragmentarlos y generar nuevos grupos aún más violentos, agravando la crisis de seguridad en la región.

Por último, no podemos ignorar el impacto en la población civil. Las operaciones militares conllevan un riesgo inherente de daños colaterales, con la posibilidad de víctimas inocentes. La "cacería" de terroristas propuesta por Patel podría desencadenar una espiral de violencia que afectaría principalmente a las comunidades más vulnerables.

En definitiva, la propuesta de Kash Patel representa un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico. Un camino peligroso que podría tener consecuencias devastadoras para México y la región. La cooperación internacional, el fortalecimiento de las instituciones mexicanas y la inversión en desarrollo social son alternativas más viables y sostenibles para abordar este complejo problema.