Ocho años. Ocho años han transcurrido desde aquel 19 de septiembre que marcó a fuego la memoria de la Ciudad de México. Un nuevo aniversario del terremoto de 2017 nos encuentra con una promesa renovada: la conclusión definitiva del proceso de reconstrucción. No se trata solo de ladrillos y cemento, sino de reconstruir vidas, de sanar heridas que aún laten en el corazón de miles de familias. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha firmado un acuerdo, un compromiso tangible con los damnificados, para que en el primer semestre de 2026, las viviendas pendientes sean finalmente entregadas. 3 mil 700 millones de pesos, una inversión considerable, destinada a cerrar un capítulo doloroso y a construir un futuro más seguro.

Imaginen la angustia, la incertidumbre de quienes perdieron su hogar, su patrimonio, en cuestión de segundos. Casi 19 mil viviendas reconstruidas o rehabilitadas en la administración anterior representan un avance significativo, un paso firme en la dirección correcta. Sin embargo, aún quedan alrededor de 3 mil familias esperando. 3 mil familias que merecen recuperar la tranquilidad, la certeza de un techo seguro sobre sus cabezas. La jefa de Gobierno lo ha dicho con claridad: "Estamos en la etapa final". Una frase que resuena con la fuerza de la esperanza, un mensaje que busca llevar alivio a quienes han esperado pacientemente.

El camino no ha sido fácil. La sombra de la corrupción y el desvío de fondos que marcaron la administración anterior son un recordatorio de los obstáculos que se han tenido que superar. La decisión de invertir recursos públicos en lugar de otorgar créditos, como se planteaba inicialmente, marca un cambio fundamental en la política de atención a los damnificados. No se trata de endeudar a quienes ya han perdido tanto, sino de garantizar su derecho a una vivienda digna.

El reconocimiento al trabajo realizado en el gobierno pasado, a pesar de las dificultades, demuestra la importancia de la continuidad en las políticas públicas. Se reconoce el avance, se aplaude el esfuerzo, pero también se señala con firmeza la necesidad de concluir la tarea. La justicia, por su parte, ha seguido su curso, con exfuncionarios procesados por el desvío de recursos. Un mensaje claro de que la impunidad no tiene cabida.

El Acuerdo General firmado establece cuatro compromisos fundamentales: el derecho a la vivienda, la conclusión integral de las obras con condiciones dignas de habitabilidad, un modelo urbano sostenible y sin corrupción, y la fecha límite: primer semestre de 2026. Un plazo definido, un compromiso público que busca generar confianza y certeza. La firma del documento en la Gaceta Oficial, con la rúbrica tanto de la jefa de Gobierno como de los representantes de los afectados, es un símbolo de unidad, de un esfuerzo conjunto para cerrar definitivamente este capítulo y comenzar a escribir uno nuevo.

El 19 de septiembre, fecha imborrable en el calendario de la ciudad, es un día para recordar, para honrar a las víctimas, pero también para renovar el compromiso con la reconstrucción, con la solidaridad y con la esperanza de un futuro más seguro y justo para todos.