La nueva política arancelaria del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no es un capricho ni una respuesta a presiones externas. Es, simple y llanamente, una estrategia indispensable para la supervivencia de la industria nacional. Imaginen un México donde nuestras fábricas cierran, donde los empleos desaparecen, tragados por la inmensa ola de productos importados a precios irrisorios. Ese es el futuro que evitamos con estas medidas. No se trata de cerrar las puertas al mundo, sino de construir un escenario justo donde las empresas mexicanas puedan competir, innovar y generar los empleos que nuestro país necesita.

La avalancha de productos, particularmente de China, un gigante manufacturero y tecnológico, ha creado un desequilibrio comercial alarmante. Un déficit que en 2024 rozó los 120 mil millones de dólares y que continúa creciendo a un ritmo vertiginoso. ¿Podemos, como nación, permitirnos el lujo de la inacción? ¿De ver cómo nuestra industria se desmorona ante la imposibilidad de competir con precios artificialmente bajos? La respuesta, claramente, es no.

Estas medidas arancelarias, que oscilan entre el 10% y el 50% para productos de países con los que no tenemos tratados de libre comercio, son perfectamente legales dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio. No son un acto de agresión, sino de defensa propia. Incluso Brasil, socio de China en el BRICS, aplica aranceles de hasta el 35% a los autos eléctricos chinos. ¿Acaso ellos también se equivocan?

Para quienes vivimos en ciudades industriales como Saltillo, este debate no es teórico, es una realidad palpable. Aquí, la industria automotriz es el corazón de nuestra economía, el motor que impulsa el desarrollo y el bienestar de miles de familias. Desde la llegada de gigantes como General Motors, Daimler y Stellantis en los años 80, la ciudad se ha transformado. Barrios enteros han surgido alrededor de las plantas, se han creado universidades y centros de formación técnica, y la vida social y cultural gira en torno a esta industria.

Más de 120 mil empleos directos y una extensa red de proveedores, desde empresas de alta tecnología hasta pequeños talleres, dependen de este sector. Imaginen el impacto devastador que tendría la entrada masiva de autos chinos sin ningún tipo de regulación. Sería un golpe mortal para la economía local y para el estilo de vida que hemos construido a lo largo de décadas. Salarios dignos, un sentido de progreso y la esperanza de un futuro mejor, todo eso se pondría en riesgo.

No se trata de aislar a México del mundo, ni de romper relaciones con China. Podemos y debemos colaborar en áreas como la ciencia, la cultura y la diplomacia. Pero la protección de nuestra industria es una obligación ineludible, un derecho fundamental que no podemos ceder. Es una cuestión de soberanía económica, de construir un futuro donde México sea protagonista y no un simple espectador en el tablero global.

El camino que hemos elegido no está exento de riesgos, es cierto. Pero la inacción sería infinitamente peor. Condenaría a nuestra industria a la obsolescencia, a la pérdida de competitividad y a la desaparición. En este contexto de rivalidad global entre China y Estados Unidos, México ha decidido trazar su propio rumbo, defendiendo sus intereses y apostando por un desarrollo basado en el nearshoring, la innovación y la soberanía económica. Es una decisión valiente, una decisión estratégica que marcará el destino de nuestra generación.