La defensa a ultranza que realiza la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre la figura de Andrés Manuel López Obrador y su familia, abre un debate crucial sobre la rendición de cuentas y la transparencia en la vida pública. Si bien es comprensible la lealtad política, afirmar categóricamente la integridad de alguien mientras se ciernen serias sospechas de corrupción sobre su círculo cercano resulta, cuanto menos, precipitado. Más aún, cuando la propia Sheinbaum reconoce la importancia de investigar a cualquier funcionario, "tope donde tope", independientemente de su rango o filiación.

La insistencia en la "integridad" del expresidente choca frontalmente con la creciente montaña de evidencias periodísticas y denuncias que involucran a miembros de su familia e incluso a ex colaboradores de altísimo nivel en presuntos actos de corrupción. Hablar de "casualidad" o "coincidencia" ante la reiteración de estos casos parece una estrategia dilatoria que elude la verdadera magnitud del problema. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿puede considerarse "íntegro" a un líder político cuyo entorno está plagado de semejantes acusaciones?

Desde los señalamientos que vinculan a Adán Augusto López, ex Secretario de Gobernación y figura clave del anterior gobierno, con presuntas redes de delincuencia organizada, hasta las investigaciones sobre el ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, y la supuesta participación de familiares suyos en redes de huachicol fiscal, el panorama se torna cada vez más oscuro. A esto se suman las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la Casa de Bolsa Vector, fundada por Alfonso Romo, ex Jefe de la Oficina de la Presidencia, por presunto lavado de dinero para cárteles del narcotráfico. La lista continúa con las sospechas sobre Audomaro Martínez Zapata, ex director del Centro Nacional de Inteligencia, y Alejandro Esquer, ex secretario particular del presidente, por manejo opaco de recursos públicos.

Ante este cúmulo de señalamientos, la ciudadanía exige respuestas claras y contundentes. No basta con descalificar las investigaciones periodísticas o atribuirlas a intereses políticos. La credibilidad de las instituciones y la confianza en la clase política están en juego. Es imperativo que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales para determinar la veracidad de las acusaciones y, en su caso, sancionar a los responsables. El discurso de la "integridad" se desvanece ante la evidencia de la corrupción. La sociedad merece saber la verdad.

La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una democracia sana. Ocultar o minimizar los actos de corrupción, independientemente de quién los cometa, solo erosiona la confianza en las instituciones y perpetúa la impunidad. Es hora de que la justicia actúe con imparcialidad y que los responsables rindan cuentas ante la ley. El futuro del país depende de ello.