La selva maya, un tesoro de biodiversidad a nivel mundial, se encuentra bajo asedio. Las cifras recientes reveladas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) pintan un panorama preocupante: más de 3,700 hectáreas devastadas entre junio y agosto de 2025, en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Imaginen la extensión, una superficie equivalente a miles de campos de fútbol, arrebatada a la naturaleza en tan solo tres meses. La maquinaria pesada, como voraces bestias de metal, ha dejado una profunda cicatriz en el corazón de la selva, transformando el verde vibrante en un árido paisaje de monocultivos.

Las comunidades menonitas, señaladas como las principales responsables de esta deforestación, argumentan la necesidad de tierras para la agricultura. Sin embargo, la pregunta que resuena con fuerza es: ¿a qué costo? El avance desmedido de la agroindustria, sin la debida autorización y regulación, está poniendo en jaque el delicado equilibrio ecológico de la península de Yucatán. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha sido clara: no se han otorgado los permisos necesarios para estos cambios de uso de suelo. La tala ilegal, como una enfermedad silenciosa, se extiende poniendo en peligro la flora y fauna únicas de esta región, hogar de jaguares, monos araña, cientos de especies de aves y una incalculable riqueza botánica.

La respuesta de las autoridades no se ha hecho esperar. La Profepa, con el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y las corporaciones estatales de seguridad, ha desplegado una serie de operativos que han resultado en la clausura de 17 predios y el aseguramiento de maquinaria pesada. Desde tractores y retroexcavadoras hasta perforadoras de pozos, las herramientas de la destrucción han sido confiscadas como evidencia del daño infligido. Pero más allá de las clausuras, se han iniciado procedimientos administrativos y denuncias penales que buscan sentar un precedente y castigar ejemplarmente a los responsables.

La Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, ha sido enfática: la lucha contra la deforestación es una prioridad. La creación de la Mesa de combate a la tala ilegal y la deforestación en Quintana Roo representa un paso crucial en la coordinación de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno. Es un llamado a la acción conjunta, una declaración de guerra contra la impunidad y la destrucción ambiental.

Sin embargo, la batalla no se limita a la persecución del delito. La restauración de la vegetación nativa es un componente esencial para sanar las heridas infligidas a la selva. Se requiere un compromiso a largo plazo para reforestar las áreas afectadas, promover prácticas agrícolas sostenibles y concientizar a la población sobre la importancia de preservar este patrimonio natural.

El futuro de la selva maya está en juego. La sociedad civil, las autoridades y las comunidades deben unir fuerzas para detener la destrucción y garantizar la conservación de este pulmón verde para las futuras generaciones. No podemos permitir que la avaricia y la irresponsabilidad condenen a la extinción a una de las joyas naturales de nuestro planeta.