La sombra de la extorsión se cierne sobre México, un flagelo que ha penetrado en el tejido social y económico del país. Cifras alarmantes revelan la magnitud del problema: 1.3 millones de establecimientos, representando un 27.2% de las unidades económicas, fueron víctimas de algún delito en 2023. De estos, la extorsión se erige como el delito más frecuente, con una tasa de prevalencia de 1,562 por cada 10,000 unidades económicas. Imaginen la angustia de los comerciantes, el miedo que paraliza la inversión y el desarrollo, la desesperanza que se apodera de quienes ven amenazado su sustento. Ante esta realidad, el Senado de la República ha dado un paso crucial en la lucha contra este delito.

En un acto de unidad pocas veces visto, las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Seguridad Pública del Senado aprobaron por unanimidad la reforma presidencial contra la extorsión. Este consenso, que trasciende las barreras partidistas, refleja la urgencia de atender esta problemática que afecta a todos los mexicanos, sin importar su ideología política. Panistas, priistas, emecistas, morenistas, petistas y verdes, todos coincidieron en la necesidad de homologar el delito de extorsión en todos los estados del país y crear una ley nacional que fortalezca el combate a este crimen.

La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y avalada sin modificaciones por la Cámara de Diputados, busca no solo unificar el tipo penal de extorsión y sus agravantes, sino también establecer mecanismos de prevención, investigación y atención a las víctimas, ofendidas y testigos de este delito. Se trata de una estrategia integral que ataca el problema desde diferentes frentes, con el objetivo de brindar una respuesta efectiva a la ciudadanía que clama por seguridad y justicia.

La modificación al artículo 73 de la Constitución, que faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión, es un paso fundamental para consolidar esta lucha. El Senado tendrá 180 días para elaborar la nueva ley antiextorsión, un periodo crucial en el que se definirá el futuro de la estrategia contra este delito. La presión está puesta en los legisladores, quienes tienen la responsabilidad de crear un instrumento jurídico sólido y eficaz que permita perseguir y castigar a los extorsionadores, y a la vez proteger a las víctimas y prevenir futuros casos.

La aprobación unánime en comisiones es un signo alentador, una muestra de que la clase política puede unirse para enfrentar los desafíos más apremiantes del país. Sin embargo, la batalla no ha terminado. El dictamen aún debe ser discutido y votado en el Pleno del Senado la próxima semana. Es fundamental que este espíritu de colaboración se mantenga y que la reforma se apruebe sin contratiempos. El futuro de millones de mexicanos, que viven bajo la amenaza constante de la extorsión, depende de ello. La esperanza está puesta en que esta reforma se convierta en una herramienta efectiva para combatir este flagelo y construir un México más seguro para todos.

El reto es enorme, pero la unidad demostrada en el Senado nos permite vislumbrar un futuro más prometedor. La lucha contra la extorsión es una tarea de todos, y la aprobación de esta reforma es un paso importante en la dirección correcta. Ahora, más que nunca, es necesario que la sociedad civil se mantenga vigilante y exija a sus representantes que cumplan con su compromiso de proteger a los ciudadanos y garantizar la justicia. Solo a través de un esfuerzo conjunto, podremos erradicar este mal que tanto daño ha causado a nuestro país.