La voracidad recaudatoria del gobierno de la 4T parece no tener límites. Ante la acuciante necesidad de recursos para 2026, los legisladores afines al poder buscan la salida fácil: exprimir aún más al contribuyente con aumentos al IEPS, el omnipresente Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Esta vez, la mira está puesta en la cerveza y las bebidas de alta graduación alcohólica, productos que, bajo la engañosa etiqueta de "impuestos saludables", ocultan su verdadera naturaleza: impuestos al pecado. Se estima que este año la recaudación por IEPS a bebidas alcohólicas alcanzará la astronómica cifra de 80 mil millones de pesos. México ya se ubica entre los países con mayor carga impositiva al alcohol, ocupando el quinto lugar a nivel mundial. ¿Es necesario un nuevo aumento? La experiencia demuestra que incrementar los impuestos no inhibe el consumo de alcohol. La recaudación ha aumentado constantemente en la última década, pasando de 38 mil millones en 2014 a más de 74 mil millones en 2023, a pesar de que desde el año pasado la tarifa del IEPS a la cerveza se ajusta a la inflación. Este incremento, lejos de ser una medida de salud pública, se convierte en un golpe directo al bolsillo de los mexicanos, especialmente a los de menores ingresos. La cerveza, con una participación del 93% en el mercado de bebidas alcohólicas, es el principal afectado. Gigantes como Grupo Modelo, Cuauhtémoc-Moctezuma Heineken y Constellation Brands, se verán obligados a trasladar el aumento al consumidor final. Esta medida, además de regresiva, es ineficaz. La historia nos demuestra que la inelasticidad de la demanda del alcohol hace que los aumentos de impuestos no disminuyan significativamente el consumo.

No es la primera vez que vemos este tipo de prácticas. Recordemos el caso de Danone en Puebla, donde la sobreexplotación de los mantos acuíferos por parte de Bonafont, provocó la aparición de un socavón de 120 metros de diámetro. Mientras la empresa francesa se jacta en sus informes de su compromiso con el medio ambiente, la realidad la expone como un ejemplo flagrante de greenwashing. El senador Luis Armando Melgar ha presentado un punto de acuerdo para que Profeco, Conagua y la Secretaría del Medio Ambiente se pronuncien sobre este caso. ¿Será suficiente para frenar las prácticas nocivas de empresas que se escudan en un falso discurso ambientalista?

El panorama para la industria aérea tampoco es alentador. El fin del acuerdo de cooperación entre Aeroméxico y Delta, a partir de 2026, tendrá consecuencias directas para los pasajeros. La operación conjunta, que representaba más de mil vuelos semanales coordinados entre México y Estados Unidos, llegará a su fin. Ambas aerolíneas deberán operar como competidores, lo que se traduce en una reducción de la conectividad y, posiblemente, en un aumento de tarifas. Este retroceso limita las posibilidades de expansión de la industria aérea mexicana en los próximos años.

Finalmente, la gentrificación amenaza con replicar en la Ciudad de México el desastroso escenario de Nueva York. El aumento desmedido de las rentas, tras la entrada en vigor de la ley que regula el alquiler a corto plazo, ha puesto en riesgo de quedar sin hogar a casi tres millones de neoyorquinos. Este caso sirve como una advertencia para las autoridades capitalinas. ¿Se tomarán las medidas necesarias para evitar que la gentrificación desplace a los habitantes de la CDMX? La experiencia de Nueva York demuestra que la regulación del alquiler a corto plazo no es la solución, sino parte del problema. Se requieren políticas públicas integrales que protejan el derecho a la vivienda y eviten que la ciudad se convierta en un espacio exclusivo para las élites.