La modernización del marco jurídico aduanero se presenta como una pieza fundamental en la estrategia del Paquete Económico 2026. Con la ambiciosa meta de fortalecer la recaudación federal y combatir la evasión, elusión y contrabando, la iniciativa ha generado un intenso debate entre los expertos del sector. Si bien el objetivo último es compartido, las preocupaciones en torno a la operatividad y alcance de la nueva ley han tomado protagonismo en el Foro Nacional Fiscal y Aduanero 2026.

Un punto crucial que resuena entre los especialistas es la aparente limitación de las funciones del agente aduanal. André Rhode Ponce, presidente de la Academia Mundial de Derecho Aduanero, ha señalado la necesidad imperante de un nuevo reglamento que acompañe a la ley. Su inquietud radica en la falta de "medidas de control aplicables a transportistas", considerados actores clave en todo el ecosistema aduanero. Este vacío, según Ponce, podría generar vulnerabilidades en el sistema y dificultar la efectiva fiscalización del comercio exterior.

Además, la creación del Consejo Aduanero, si bien se presenta como una herramienta para combatir la corrupción, genera interrogantes sobre su composición, facultades y funciones. La participación de cuatro dependencias – la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Anam y la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno – plantea la necesidad de una delimitación clara y precisa de las responsabilidades de cada una, evitando así posibles duplicidades o interferencias que podrían entorpecer su labor.

Otro aspecto que ha suscitado controversia se refiere al régimen sancionatorio propuesto. Balam Lammoglia Riquelme, especialista en derecho fiscal, ha advertido sobre la existencia de "infracciones invisibles" que podrían afectar directamente la labor de los agentes aduanales. Esta ambigüedad normativa genera incertidumbre y podría inhibir el correcto desempeño de sus funciones, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de los operadores de comercio exterior. Lammoglia Riquelme insta a la proactividad y a la implementación de procesos preventivos para mitigar los riesgos asociados a estas "infracciones invisibles."

A pesar de las preocupaciones, Iñaki Zaragoza, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), mantiene una visión optimista. Confía en que el diálogo constructivo entre el sector y las autoridades permitirá perfeccionar la reforma y lograr un marco jurídico que fortalezca el comercio exterior, al tiempo que garantice la seguridad jurídica de todos los actores involucrados. La participación activa de los agentes aduanales en este proceso será crucial para construir una ley aduanera moderna, eficiente y adaptada a las necesidades del contexto global actual. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la necesidad de control y la facilitación del comercio, promoviendo así el crecimiento económico del país.