La sombra de la austeridad se cierne sobre el segundo piso de la 4T, y la búsqueda de recursos para 2026 ha desatado la creatividad, o más bien la recurrencia, de algunos legisladores. Como si se tratara de una melodía desafinada que se repite a lo largo de la historia política mexicana, la propuesta de aumentar impuestos vuelve a sonar. El blanco predilecto: el IEPS, ese viejo conocido de priístas, panistas y ahora también, morenistas. Y como si fuera un disco rayado, se enfocan en los llamados "productos nocivos para la salud". Primero fueron los refrescos light, y ahora, la cerveza y las bebidas de alta graduación alcohólica están en la mira.

Con una recaudación estimada en casi 80 mil millones de pesos para 2025, el impuesto especial a las bebidas alcohólicas es un jugoso bocado para un gobierno sediento de recursos. México, recordemos, ya se encuentra entre los países con mayor impuesto al alcohol, ocupando el quinto lugar a nivel mundial. La cerveza, con una tasa del 26.5%, y las bebidas de alta graduación, con tasas entre 30% y 53%, ya cargan con un peso considerable. Ahora, la fracción parlamentaria de Morena, liderada por Ricardo Monreal, intenta disfrazar este nuevo aumento como un "impuesto saludable", aunque en los pasillos del poder se les conoce como "impuestos del pecado".

La justificación, como siempre, es la supuesta inhibición del consumo. Sin embargo, la realidad es terca: la demanda de alcohol es inelástica. La recaudación ha aumentado constantemente en la última década, pasando de 38 mil millones de pesos en 2014 a más de 74 mil millones en 2023, a pesar de que desde 2024 la tarifa del IEPS a la cerveza se ajusta a la inflación. Este aumento, lejos de ser una medida de salud pública, se revela como una medida puramente recaudatoria. Además, al igual que en el caso de los refrescos, se trata de un impuesto regresivo, que impacta con mayor fuerza en los bolsillos de los más vulnerables.

Y hablando de impactos, ¿recuerdan el caso de Danone en Cholulteca, Puebla? La sobreexplotación de los mantos acuíferos por parte del gigante francés, presidido por Antoine de Saint-Affrique, provocó la aparición de un socavón de 120 metros de diámetro. Danone, bajo la dirección de Silvia Dávila en México, se benefició directamente de este despojo a través de su marca Bonafont. Mientras tanto, la empresa presume en sus informes una política de protección al medio ambiente, una clara muestra de "greenwashing". El senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde, ha presentado un punto de acuerdo para que Profeco, Conagua y la Secretaría del Medio Ambiente se pronuncien sobre este caso.

El fin del acuerdo de cooperación entre Aeroméxico y Delta también trae consecuencias. A partir del 1 de enero de 2026, ambas aerolíneas, dirigidas por Andrés Conesa y Ed Bastian respectivamente, dejarán de operar como una sola entidad. Esto significa que los pasajeros ya no podrán disfrutar de la conectividad que ofrecían más de mil vuelos semanales coordinados entre ambas compañías en el mercado México-Estados Unidos. La compra de vuelos entre rutas operadas por ambas aerolíneas deberá realizarse por separado, un retroceso en la comodidad y la expansión de la industria aérea mexicana.

Finalmente, el ejemplo de Nueva York nos muestra los peligros de la gentrificación. Tras la regulación del alquiler a corto plazo, las rentas se dispararon, dejando a millones de neoyorquinos en riesgo de perder sus hogares. Este caso sirve como una advertencia para la CDMX, gobernada por Clara Brugada, sobre las consecuencias de políticas similares.

En resumen, la búsqueda de recursos para 2026 ha desatado una serie de propuestas que, lejos de beneficiar a la población, parecen más bien un déjà vu de viejas prácticas que afectan principalmente a los más vulnerables. La necesidad de transparencia y justicia se hace más evidente que nunca.