La sombra del Cártel de Sinaloa se extiende una vez más, dejando al descubierto la intrincada red de corrupción y tráfico de fentanilo que amenaza la seguridad de ambos lados de la frontera. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en una acción contundente que resuena con la fuerza de un mazo contra el crimen organizado, ha sancionado al grupo "La Mayiza", catalogándolo como organización terrorista. Esta designación, cargada de implicaciones, no solo congela sus activos, sino que también prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense realizar negocios con ellos, aislándolos del sistema financiero internacional y asfixiando sus operaciones.

La noticia impacta aún más al revelarse la conexión con la política mexicana. Hilda Araceli Brown Figueredo, actual diputada federal de Morena y exalcaldesa de Rosarito, figura entre los sancionados, un hecho que sacude los cimientos del poder y plantea interrogantes sobre la infiltración del narcotráfico en las esferas gubernamentales. ¿Cómo es posible que una figura pública, electa por el voto popular, esté vinculada a una organización criminal de tal envergadura? La respuesta, aunque compleja, se encuentra en la maraña de intereses y complicidades que el narcotráfico teje a su paso, corrompiendo instituciones y desestabilizando la frágil paz social.

La visita de John K. Hurley, subsecretario del Departamento del Tesoro para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo, cobra una nueva dimensión en este contexto. Sus palabras, al calificar al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera dedicada al tráfico de narcóticos, al lavado de dinero y a la corrupción de funcionarios, resuenan como una advertencia, un llamado a la acción conjunta para combatir este flagelo que corroe las entrañas de la sociedad.

No se trata solo del tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha causado miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos, sino de la compleja red de poder que se esconde detrás, financiando la violencia y la impunidad. Juan José Ponce Félix, alias “Jesús Alexandro Sánchez Félix” y “el Ruso”, líder del brazo armado de “La Mayiza”, es otro de los nombres que figuran en la lista de sancionados. Su captura, por la que se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares, se convierte en una prioridad para las autoridades de ambos países.

La lucha contra el narcotráfico no es una tarea sencilla. Requiere de la cooperación internacional, de la implementación de estrategias efectivas y, sobre todo, de la voluntad política para enfrentar a un enemigo poderoso y sin escrúpulos. La sanción a "La Mayiza" es un paso importante en esta dirección, un golpe certero que debilita las estructuras del Cártel de Sinaloa y expone sus vínculos con la política. Sin embargo, la batalla está lejos de terminar. La sociedad, tanto en México como en Estados Unidos, debe exigir a sus gobernantes acciones concretas para erradicar este cáncer que amenaza con destruir el tejido social. El futuro de ambos países depende de ello. ¿Seremos capaces de construir un futuro libre del yugo del narcotráfico? El tiempo lo dirá.