La posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLes) ha generado un intenso debate en torno a la eficiencia del sistema electoral mexicano. Si bien algunos argumentan que su eliminación representaría un ahorro significativo para el erario público, un análisis más profundo revela que esta medida podría, en realidad, incrementar el gasto federal y centralizar excesivamente el poder en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Es cierto que los gobiernos estatales actualmente financian los OPLes, pero estos recursos se destinan específicamente a la organización de las elecciones locales. Si se eliminaran los OPLes, el INE tendría que absorber la totalidad de estas funciones, lo que implicaría un aumento considerable en su presupuesto. ¿Estarían los gobiernos estatales dispuestos a transferir estos fondos al INE? ¿Cómo se garantizaría una distribución equitativa y transparente de estos recursos entre las elecciones federales y locales? Estas son preguntas cruciales que deben ser respondidas antes de tomar una decisión tan trascendental.

Además del impacto presupuestal, la desaparición de los OPLes plantea serias dudas sobre la eficiencia y la viabilidad operativa de un sistema electoral centralizado. El INE, a pesar de su importante labor, ya enfrenta una carga de trabajo considerable. Añadir la responsabilidad de organizar las elecciones locales en los 32 estados del país podría saturar su capacidad operativa y comprometer la calidad y la transparencia de los procesos electorales.

La experiencia ha demostrado que los OPLes, a pesar de su dependencia del INE, juegan un papel fundamental en la organización de las elecciones locales. Su conocimiento del contexto político y social de cada estado, así como su cercanía con la ciudadanía, les permite llevar a cabo tareas cruciales como el registro de candidaturas, la organización de la logística electoral, la capacitación de funcionarios de casilla y la difusión de información electoral. Eliminar esta estructura local implicaría una pérdida invaluable de experiencia y capacidad operativa.

Es importante recordar que el sistema electoral mexicano se basa en el principio del federalismo, que busca distribuir el poder y las responsabilidades entre la federación y las entidades federativas. La desaparición de los OPLes representaría un duro golpe a este principio, concentrando aún más poder en el ámbito federal y debilitando la autonomía de los estados en materia electoral.

En lugar de eliminar los OPLes, se debería explorar la posibilidad de fortalecer su papel en el sistema electoral. Una opción sería dotarlos de mayores recursos y autonomía para que puedan llevar a cabo sus funciones de manera más eficiente. También se podría considerar la posibilidad de que los OPLes asuman un rol más activo en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, un área en la que el INE ha mostrado algunas deficiencias.

En definitiva, la desaparición de los OPLes no parece ser la solución adecuada para mejorar el sistema electoral mexicano. Al contrario, podría generar más problemas de los que pretende resolver. Es fundamental analizar a fondo las implicaciones de esta medida antes de tomar una decisión que podría tener consecuencias negativas para la democracia mexicana. La búsqueda de la eficiencia no debe comprometer la calidad, la transparencia y la descentralización de los procesos electorales. El debate sobre el futuro de los OPLes debe centrarse en cómo fortalecer su papel y no en su eliminación. La democracia mexicana se construye desde lo local y los OPLes son una pieza fundamental de este engranaje.