La posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLes) ha generado un intenso debate en torno a la eficiencia del sistema electoral mexicano. Si bien algunos argumentan que su eliminación representaría un ahorro significativo para el erario público, un análisis más profundo revela una realidad mucho más compleja. Lejos de generar ahorros, la centralización de las funciones electorales en el Instituto Nacional Electoral (INE) podría implicar un aumento considerable en su presupuesto.

Imaginemos la magnitud de la tarea: el INE tendría que absorber la contratación de personal, la adquisición de insumos y la logística completa que actualmente recae en los OPLes. Estos gastos, hoy cubiertos por los gobiernos estatales, pasarían a ser responsabilidad del presupuesto federal. ¿Estarían los gobiernos estatales dispuestos a contribuir financieramente a este nuevo esquema? Y, aún más importante, ¿cómo se desglosarían los costos de las elecciones federales y estatales para asegurar una distribución equitativa de los recursos? Si bien actualmente los ejecutivos estatales financian los OPLes, la división de funciones y costos es clara y transparente. Con la centralización, esta transparencia podría verse comprometida.

La pregunta clave es: si no hay un ahorro real, ¿qué justifica la sobrecarga de trabajo para el INE y el aumento de su estructura? ¿Por qué arriesgarnos a desmantelar un sistema que, a pesar de sus áreas de oportunidad, ha demostrado su eficacia en la organización de las elecciones? Además, esta centralización representaría un golpe al federalismo, principio fundamental de nuestro sistema político.

Es importante recordar que los OPLes ya forman parte integral del sistema del INE. La organización de las elecciones estatales, en gran medida, ya está bajo la supervisión del instituto nacional. Este modelo híbrido ha permitido elevar los estándares de calidad de los procesos electorales en todo el país, homogeneizando los procedimientos y garantizando la imparcialidad. El INE coordina y supervisa tanto las elecciones federales como las locales, respetando el ámbito de acción de los OPLes en cada entidad.

Constitucionalmente, el INE tiene la responsabilidad de definir los distritos y secciones electorales, el padrón electoral, la ubicación de las casillas, la capacitación de los funcionarios de casilla, los lineamientos para las encuestas y el PREP, así como la fiscalización de los recursos de partidos y candidatos, tanto en elecciones federales como estatales. Entonces, ¿cuál es el papel de los OPLes?

Su labor es esencial. En los procesos electorales estatales, los OPLes se encargan del registro de convenios de coalición, la revisión de los requisitos de las candidaturas independientes, el diseño del PREP, la contratación e impresión de boletas y demás documentación electoral, la compra de materiales electorales (urnas, mamparas, etc.), la organización de los escrutinios y cómputos, la supervisión de encuestas y la organización de conteos rápidos.

Fuera de los procesos electorales, los OPLes desempeñan una función crucial en la educación cívica y la administración de las prerrogativas a los partidos políticos.

La influencia del INE sobre los OPLes es innegable. No solo nombra y remueve a sus consejeros, sino que, bajo ciertas circunstancias y con la aprobación de una mayoría calificada en el Consejo General, puede asumir directamente las actividades electorales de los órganos locales, delegarles atribuciones o incluso atraer cualquier asunto de su competencia.

En resumen, los OPLes tienen funciones específicas y relevantes, mientras que el INE cuenta con la facultad de intervenir en caso de ser necesario. Si bien es cierto que cualquier institución es susceptible de mejora, la desaparición de los OPLes no parece ser la solución. De hecho, un área donde podrían fortalecer su contribución es la fiscalización, un aspecto en el que el INE ha mostrado debilidades.

En lugar de eliminarlos, deberíamos explorar cómo optimizar su funcionamiento y aprovechar su experiencia en el ámbito local. La reforma electoral debe enfocarse en fortalecer el sistema, no en desmantelarlo.