La sombra de la arbitrariedad se cierne sobre México. La propuesta de reforma a la Ley de Amparo, impulsada desde el gobierno de la Ciudad de México, no es una simple modificación técnica, sino un ataque directo al corazón del sistema judicial mexicano. Imaginen un escenario donde las autoridades, desde el alcalde de un pequeño municipio hasta el Presidente de la República, pudieran actuar con impunidad, ignorando las órdenes de los jueces. Este escenario, que parece sacado de una distopía, se acerca peligrosamente a la realidad con esta iniciativa.

El amparo, ese último bastión de defensa ciudadana, el escudo protector contra los excesos del poder, se ve amenazado. No se trata de un tecnicismo legal, sino de la herramienta que permite a cualquier persona, sin importar su posición social o económica, frenar la maquinaria del Estado cuando vulnera sus derechos. ¿Qué sucederá con la familia que ve su patrimonio amenazado por una expropiación injusta? ¿Qué pasará con el periodista que investiga casos de corrupción y se enfrenta a la persecución del poder? Con esta reforma, la respuesta es desoladora: quedarán a merced de la arbitrariedad.

La propuesta de limitar la suspensión del acto reclamado es la punta de lanza de este ataque. Esta suspensión, que permite detener provisionalmente la violación de derechos mientras se resuelve el fondo del asunto, es la esencia misma del amparo. Imaginen a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueando sus cuentas bancarias sin justificación, dejándolos sin acceso a sus ahorros, incapaces de cubrir sus necesidades básicas. Actualmente, el amparo puede frenar esta acción. Con la reforma, quedarían a la deriva, a expensas de la buena voluntad de la autoridad.

Y la situación se agrava aún más en el ámbito penal. La eliminación de las suspensiones provisionales significa que una orden de aprehensión se convertiría en una sentencia anticipada. La prisión preventiva oficiosa, esa figura que ha llenado las cárceles de inocentes, se convertiría en la norma. Imaginen ser detenidos sin pruebas sólidas, sin la oportunidad de defenderse, simplemente por la voluntad de una autoridad. Ese es el futuro que nos espera si esta reforma se concreta.

Pero la iniciativa va más allá, blindando a las autoridades de las consecuencias de sus actos. Actualmente, si una autoridad incumple una sentencia de amparo, se le sanciona. Con la reforma, estas sanciones desaparecerán, y será la ciudadanía, a través de sus impuestos, quien pague la factura de la arbitrariedad. Es decir, no solo nos dejarán indefensos, sino que además nos obligarán a financiar la impunidad.

El caso de la UIF es paradigmático. Se le otorgan facultades casi absolutas para bloquear cuentas bancarias, ignorando las sentencias de la Suprema Corte que han declarado inconstitucionales estas prácticas. Se abre la puerta a la discrecionalidad más amplia, bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia.

La figura del exministro Arturo Zaldívar, asesor de la jefa de gobierno, planea sobre esta iniciativa. Que un personaje con su trayectoria impulse una reforma que socava los cimientos del Estado de Derecho es, cuanto menos, preocupante. Es una traición a los principios que juró defender, una muestra de la ambición de poder que corroe las instituciones.

El amparo no es un capricho, es la garantía fundamental de nuestros derechos. Debilitarlo es dejarnos a merced del autoritarismo, es abrir la puerta a un futuro donde la justicia sea un privilegio, no un derecho. Es nuestro deber, como ciudadanos, defender esta institución esencial, levantar la voz contra esta reforma que amenaza con sumirnos en la oscuridad de la arbitrariedad.