La sombra de la sustitución se cierne sobre la política fiscal en México. El reciente debate sobre el aumento de impuestos a las bebidas azucaradas, sin una contraparte en las bebidas alcohólicas, ha encendido las alarmas de expertos como Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Su argumento es contundente: encarecer las bebidas saborizadas sin tocar el precio del alcohol podría incentivar un peligroso cambio de hábito en los consumidores, especialmente entre los más jóvenes.

Imaginemos la escena: un adolescente con sed y un presupuesto limitado. Si el refresco se vuelve inalcanzable, la cerveza, o peor aún, los atractivos "alcopops", podrían parecer una alternativa más económica. Este escenario, multiplicado por miles de casos en todo el país, podría tener consecuencias devastadoras en la salud pública. Macías Sánchez advierte que un aumento previsto del 7.2% en el precio de las bebidas azucaradas para 2026, sin un ajuste paralelo en los impuestos al alcohol, exacerbaría este fenómeno, incrementando el riesgo de consumo temprano de alcohol en adolescentes.

El CIEP no se limita a señalar el problema, sino que también propone una solución: optimizar los impuestos al alcohol. Las cifras son alarmantes: más de 40 mil muertes al año y una carga económica que supera los 550 mil millones de pesos, frente a una recaudación de apenas 75 mil millones por bebidas alcohólicas en el último año. La desproporción es evidente y el paquete económico del próximo año, según Macías Sánchez, desaprovecha una valiosa oportunidad para corregir este desequilibrio.

La propuesta del Gobierno Federal de destinar los recursos recaudados al sector salud es un paso en la dirección correcta. Fortalecer el sistema de salud y mitigar los costos asociados a las enfermedades derivadas del consumo de estos productos es crucial. México, como señala la directora del CIEP, se encuentra entre los países con menor recaudación en la región y un financiamiento deficiente en el sector salud. Aumentar la recaudación por impuestos al alcohol no solo contribuiría a financiar el sistema universal de salud, sino que también permitiría, a mediano y largo plazo, reducir los costos asociados a las enfermedades derivadas del consumo excesivo.

Pero el impacto de los impuestos a las bebidas azucaradas va más allá de la recaudación. Macías Sánchez pone el dedo en la llaga al señalar el efecto empobrecedor que tiene el alto gasto en estos productos en los hogares mexicanos. Recursos que podrían destinarse a educación, transporte, alimentación y salud se desvían hacia la compra de bebidas con un bajo valor nutricional. Este desplazamiento del gasto familiar tiene consecuencias negativas en el bienestar general de las familias y limita sus oportunidades de desarrollo.

En definitiva, el debate sobre los impuestos a las bebidas azucaradas y alcohólicas es complejo y requiere un enfoque integral. No se trata simplemente de aumentar la recaudación, sino de diseñar una política fiscal que promueva la salud pública y el bienestar de la población. La advertencia de Alejandra Macías Sánchez es clara: ignorar el riesgo de sustitución y desaprovechar la oportunidad de optimizar los impuestos al alcohol podría tener consecuencias negativas e imprevistas para la sociedad mexicana. La salud de la nación está en juego, y las decisiones que se tomen hoy tendrán un impacto profundo en el futuro.