La sombra de la incertidumbre se cierne sobre la economía mexicana. Mientras el gobierno intenta presentar una imagen de estabilidad, los números revelan una realidad preocupante. El Paquete Económico recién presentado en la Cámara de Diputados no sólo confirma los temores de muchos, sino que también dibuja un panorama sombrío para el futuro inmediato. Lejos de impulsar el crecimiento y la generación de empleos, las medidas propuestas parecen destinadas a apretar aún más el cinturón de los mexicanos.

El incremento de impuestos a productos de consumo básico, como bebidas saborizadas y cigarros, impactará directamente en el bolsillo de las familias, especialmente las de menores ingresos. A esto se suma el aumento en los impuestos a la importación de mil 463 productos, muchos de los cuales son insumos para la industria automotriz y otros bienes de consumo popular. ¿Es esta la forma de impulsar la economía y fomentar la inversión? La respuesta parece obvia. Mientras el gobierno habla de transformación, la realidad es que se está implementando una política fiscal regresiva que castiga a los que menos tienen.

La propuesta de modificar el tratamiento fiscal de las aportaciones al IPAB, lejos de fortalecer el sistema financiero, podría generar un efecto dominó con consecuencias negativas para los ahorradores. Es previsible que la banca traslade el costo de esta medida a sus clientes a través del incremento de comisiones. De igual manera, la mayor presión fiscal sobre los créditos incobrables dificultará el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas, el motor de la economía nacional. En lugar de facilitar el acceso al financiamiento, se está creando un ambiente de incertidumbre que ahoga a los emprendedores y limita las oportunidades de crecimiento.

La voracidad de las grandes obras de infraestructura y el peso de las malas decisiones del pasado exigen cada vez más recursos. Ante la insuficiencia de los ingresos fiscales, el gobierno recurre a la vieja fórmula del endeudamiento, hipotecando el futuro del país. La deuda pública se dispara a niveles alarmantes, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Al mismo tiempo, se implementan recortes presupuestales en áreas cruciales como salud, educación, seguridad y campo, sacrificando el bienestar de la población en aras de un supuesto desarrollo.

La contradicción es evidente. Mientras se reduce el presupuesto destinado a las universidades públicas, instituciones clave para la formación de capital humano, se otorgan aumentos presupuestales a ministros y jueces. ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno? ¿A quién realmente se está beneficiando con estas medidas?

El panorama es complejo y preocupante. La falta de transparencia y la ausencia de un diálogo constructivo con los diferentes sectores de la sociedad agravan la situación. Es urgente un cambio de rumbo, una política económica que priorice el crecimiento sostenible, la generación de empleos y el bienestar de todos los mexicanos. De lo contrario, el país se enfrenta a un futuro incierto y lleno de dificultades.