La sombra de la duda se cierne sobre el sistema sanitario de Vizcaya. Un caso que ha conmocionado a la sociedad española, y en especial a las familias de Santurtzi, pone en jaque la confianza en los profesionales de la salud. Una enfermera, de 52 años, enfrenta un proceso judicial por presuntamente simular la aplicación de vacunas a más de 400 menores. La cifra, escalofriante, resuena en los pasillos del juzgado y en los hogares de las familias afectadas. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Qué falló en los protocolos de control? Las preguntas se acumulan y la indignación crece.

Entre febrero de 2021 y septiembre de 2022, esta profesional sanitaria del centro de salud de Santurtzi, encargada de administrar las vacunas del calendario infantil, habría incumplido su deber de forma sistemática. Tras cada falsa inmunización, registraba la dosis en la cartilla correspondiente, creando una falsa sensación de seguridad en los padres. Una actuación que, de confirmarse, no solo pondría en riesgo la salud de cientos de niños, sino que también socavaría la credibilidad del sistema sanitario.

El descubrimiento del engaño se produjo, irónicamente, por un error de la propia enfermera. Al parecer, una equivocación en la dosis de Bexsero, la vacuna contra la meningitis, encendió las alarmas. Las investigaciones posteriores, incluyendo análisis serológicos, revelaron la terrible verdad: ninguno de los menores presentaba anticuerpos. La supuesta protección no existía. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre las familias, que ahora se enfrentan a la incertidumbre y la angustia de saber a sus hijos expuestos a enfermedades prevenibles.

La acusación particular, liderada por el abogado Aitzol Asla, no titubea: 12 años de prisión para la acusada y la inhabilitación profesional. "Se busca que no vuelva a trabajar y que se le castigue", ha declarado a la prensa. La petición refleja la gravedad de los hechos y la necesidad de sentar un precedente. La confianza en el sistema sanitario es un pilar fundamental de nuestra sociedad y debe ser protegida.

Mientras tanto, la enfermera ha optado por el silencio. Ha solicitado posponer su declaración hasta la última sesión del juicio, prevista para el próximo viernes. Una estrategia que, lejos de aclarar las dudas, alimenta las sospechas y la indignación. Durante los próximos días, el tribunal escuchará a cerca de 70 testigos, cuyas declaraciones serán cruciales para reconstruir los hechos y determinar la responsabilidad de la acusada.

Este caso trasciende el ámbito sanitario y se convierte en un debate social. La desinformación, las teorías antivacunas y la falta de rigor profesional se entrelazan en una trama que pone en peligro la salud pública. Es necesario reforzar los mecanismos de control y garantizar la transparencia en los procesos de vacunación. La salud de nuestros hijos no puede ser moneda de cambio de ideologías o negligencias. El juicio que se inicia en Vizcaya es, sin duda, un punto de inflexión. Un llamado a la responsabilidad individual y colectiva para proteger a los más vulnerables. El futuro de la salud pública, en cierta medida, se juega en este proceso judicial.