La violencia estudiantil que sacudió al CETIS No. 78 de Altamira ha encendido las alarmas en la comunidad educativa tamaulipeca. Más allá de los vidrios rotos y el mobiliario destrozado, lo que realmente preocupa es la fractura en la convivencia escolar y la normalización de la agresión como forma de protesta. Las imágenes del director ensangrentado, difundidas con la velocidad de un rayo en redes sociales, son un crudo testimonio de la gravedad de la situación. No podemos, como sociedad, permitir que la ira juvenil se desborde de esta manera, poniendo en riesgo la integridad física y emocional de los involucrados.

La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF ha tomado cartas en el asunto, recordando que la responsabilidad penal no es un juego y que las acciones tienen consecuencias, incluso para los menores de edad. La justicia no se imparte a golpes ni a destrozos, sino a través de las vías institucionales. La intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado es fundamental para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, pero más allá de la sanción punitiva, urge una profunda reflexión sobre las causas que llevaron a este estallido de violencia.

¿Qué falló en la comunicación entre alumnos y directivos? ¿Existían canales adecuados para expresar inconformidades? ¿Se fomentó una cultura de diálogo y respeto dentro de la institución? Estas son preguntas cruciales que debemos responder para evitar que este lamentable episodio se repita en otras escuelas. La preocupación de Francisca Arteaga Hernández, titular de la Procuraduría, es compartida por muchos. Este incidente marca un precedente preocupante en la zona sur de Tamaulipas, una región que hasta ahora no había experimentado este nivel de violencia en el ámbito escolar. Es imperativo que las autoridades educativas, en conjunto con las familias y la sociedad civil, trabajen en estrategias de prevención y promuevan la resolución pacífica de conflictos.

La llegada de una comisión de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) desde la Ciudad de México subraya la seriedad del asunto. La investigación exhaustiva es necesaria para despejar cualquier duda y determinar si, como se rumorea, existieron instigadores entre el personal docente. Las versiones que circulan sobre un presunto acoso sexual como detonante del conflicto deben ser investigadas a fondo. Es fundamental que se escuchen todas las voces y se garantice la protección de las víctimas, si las hubiere. La transparencia en este proceso es crucial para recuperar la confianza en la institución y en el sistema educativo.

La tarea no es sencilla. Recomponer el tejido social dañado dentro del CETIS No. 78 requiere un esfuerzo conjunto. No basta con aplicar sanciones; es necesario implementar programas de apoyo psicológico y social para los alumnos, docentes y familias afectadas. La reconstrucción del plantel debe ir acompañada de la reconstrucción del diálogo y el respeto mutuo. El futuro de nuestros jóvenes está en juego. No podemos permitir que la violencia se convierta en la norma dentro de nuestras escuelas. Es hora de apostar por la educación como herramienta de transformación social y construir un futuro donde la paz y el entendimiento sean los pilares de la convivencia.