La aparente estabilidad prometida en materia fiscal se desdibuja ante la propuesta de incremento a la retención del ISR para el 2026. Lejos de ser un ajuste técnico, esta medida se configura como un impuesto encubierto que erosiona el poder adquisitivo de los ahorradores, especialmente de aquellos con ingresos medios y bajos. Mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) argumenta certidumbre y control de la volatilidad, la realidad es que el aumento del 0.5% al 0.9% en la retención representa una transferencia directa de recursos desde los bolsillos de los ciudadanos hacia las arcas del gobierno. Este incremento del 80% no se traduce en un beneficio tangible para las familias mexicanas, ni impulsa el ahorro interno, sino que se convierte en una carga adicional que desincentiva la participación en el sistema financiero formal.

La justificación oficial se centra en la necesidad de estabilizar la metodología de cálculo, sin embargo, el resultado final es un golpe directo al rendimiento neto de instrumentos como cuentas de ahorro, pagarés y fondos de deuda. En un contexto donde la inflación continúa impactando la economía familiar, esta medida reduce aún más la capacidad de los mexicanos para generar un patrimonio y protegerse ante eventualidades. Se argumenta que el aumento ofrece previsibilidad, pero ¿a qué costo? La respuesta es clara: a costa del esfuerzo y la disciplina financiera de millones de mexicanos.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el INEGI y la CNBV, revela que el 76.5% de la población adulta cuenta con al menos un producto financiero formal. Esta cifra, que refleja un avance en la inclusión financiera, se ve amenazada por una política que castiga precisamente a quienes han optado por la formalidad. Con 172 millones de cuentas registradas en el sistema financiero, el impacto de esta medida será masivo. Si bien no todas las cuentas generan intereses, la norma aplica a todas las instituciones financieras, ampliando el alcance de la retención y afectando a un espectro aún mayor de la población.

La propuesta de la SHCP no solo es un retroceso en materia de inclusión financiera, sino que también fomenta la informalidad. Al reducir los rendimientos de productos simples y seguros, se impulsa a los ahorradores a buscar alternativas fuera del sistema regulado, como el manejo de efectivo o esquemas informales. Esto contradice los esfuerzos por promover la bancarización y transparentar las operaciones financieras, generando un ambiente propicio para la evasión fiscal y la proliferación de actividades ilícitas.

En lugar de fortalecer la confianza en el sistema financiero y recompensar el ahorro, el gobierno opta por una "expropiación silenciosa" que mina la estabilidad económica de las familias mexicanas. Esta medida, lejos de ser una solución a los desafíos fiscales, representa una traición a la confianza depositada por los ciudadanos y un obstáculo para el desarrollo económico inclusivo. Es imperativo reconsiderar esta propuesta y buscar alternativas que no perjudiquen a los sectores más vulnerables de la población, promoviendo en cambio políticas que incentiven el ahorro, la inversión y el crecimiento económico sostenible.