La búsqueda de la justicia expedita se ha convertido en la bandera de la reforma a la Ley de Amparo propuesta por el Ejecutivo federal. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha enfatizado la imperiosa necesidad de agilizar los procesos judiciales, denunciando la insólita realidad de casos que se prolongan por décadas, sumiendo a las personas en una incertidumbre que les roba años de vida. Veinte años esperando una resolución, veinte años atrapados en los engranajes de un sistema que parece diseñado para la dilación, no para la justicia. Este no es el México que queremos, afirma la mandataria, y la reforma busca precisamente romper con esa inercia, con esa lentitud exasperante que erosiona la confianza en las instituciones.

La propuesta, que será detalladamente explicada el próximo viernes por la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, y el ministro en retiro Arturo Zaldívar, se centra en la optimización de los tiempos procesales. No se trata, señala la Presidenta, de vulnerar el derecho al amparo, una garantía fundamental para la ciudadanía frente a los actos de autoridad. Se trata, más bien, de eliminar las distorsiones que han convertido este recurso en un instrumento de dilación, en una herramienta para eludir la justicia en lugar de buscarla.

Uno de los puntos clave de la reforma es la limitación de los amparos contra sentencias firmes de la Corte. ¿Cómo es posible, se pregunta la Presidenta, que tras veinte años de litigio, tras una sentencia definitiva del máximo tribunal del país, se permita a una persona ampararse una y otra vez contra la ejecución de esa sentencia? Esta práctica, que perpetúa la incertidumbre y la impunidad, será revisada a fondo en la iniciativa presentada.

La reforma a la Ley de Amparo no es un hecho aislado, sino parte de un esfuerzo más amplio por modernizar el sistema judicial mexicano, por hacerlo más eficiente, más ágil, más cercano a la gente. Se busca, en definitiva, que la justicia deje de ser un anhelo distante y se convierta en una realidad tangible para todos los mexicanos.

Más allá de la reforma legal, la Presidenta Sheinbaum Pardo ha emprendido también una cruzada por la reivindicación del papel de la mujer en la historia de México. Su inclusión de Josefa Ortiz Téllez-Girón en las arengas del Grito de Independencia es un gesto simbólico de gran calado. Tradicionalmente, señala la mandataria, la historia de la Independencia se ha contado desde una perspectiva masculina, reduciendo la participación femenina a la figura de Josefa Ortiz de Domínguez. Esta visión sesgada, producto de una cultura machista, ha invisibilizado a muchas mujeres que jugaron un papel fundamental en la construcción de nuestro país.

Ser la primera mujer Presidenta, afirma Sheinbaum Pardo, implica una responsabilidad histórica: la de recuperar la memoria de esas mujeres olvidadas, la de darles el lugar que merecen en el relato nacional. Se trata de construir una narrativa más inclusiva, más justa, que refleje la verdadera complejidad y riqueza de nuestra historia. Y en esa narrativa, las mujeres, con sus luchas, sus logros y sus sacrificios, ocuparán el lugar central que les corresponde. Es un acto de justicia histórica, un acto de reconocimiento, un acto que busca inspirar a las nuevas generaciones y construir un futuro más igualitario. La inclusión de Josefa Ortiz Téllez-Girón en el Grito de Independencia es un paso firme en esa dirección, un símbolo de que los tiempos están cambiando, de que las mujeres están recuperando su voz y su lugar en la historia.