La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en el panorama jurídico ha generado un debate apasionante y, en cierta medida, inesperado. ¿Estamos ante una herramienta revolucionaria que optimizará la administración de justicia o frente a una amenaza latente que podría deshumanizarla? Si bien la IA ofrece un potencial innegable para agilizar la investigación, el análisis de jurisprudencia y la predicción de resultados, su uso indiscriminado, sin la debida supervisión y control humano, nos coloca ante un precipicio ético y legal.

Casos recientes, como el de Mata v. Avianca, nos han alertado sobre los peligros de confiar ciegamente en la IA. La presentación de precedentes falsos generados por ChatGPT no solo puso en evidencia las limitaciones de la tecnología, sino que también sacudió los cimientos de la confianza en el sistema judicial. No se trata de un caso aislado. En el Reino Unido, las sanciones impuestas en los casos Ayinde v. Haringey y Al-Hauron v. Qatar National Bank confirman la necesidad imperiosa de verificar minuciosamente la información proporcionada por la IA. La responsabilidad última recae siempre en el profesional del derecho.

En México, herramientas como JusticIA y Sor Juana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demuestran que la IA puede ser una aliada invaluable en la democratización del acceso a la justicia. Facilitar la comprensión de sentencias complejas y la búsqueda de jurisprudencia relevante empodera a la ciudadanía y acerca la justicia a quienes más la necesitan. Sin embargo, es fundamental recordar que estas herramientas son precisamente eso: herramientas. El discernimiento, la interpretación y la aplicación de la ley deben permanecer en manos de los jueces, quienes, con su experiencia y conocimiento, garantizan la equidad y la imparcialidad del proceso judicial.

La propuesta de implementar formatos electrónicos para demandas, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia para quienes no pueden costear los servicios de un abogado, es un paso en la dirección correcta. No obstante, la simplificación de los procesos no debe implicar la sustitución del elemento humano. El derecho no se reduce a la aplicación mecánica de normas. Es un arte que requiere argumentación, interpretación, estrategia y, sobre todo, la defensa de los derechos fundamentales de las personas.

La clave reside en encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la responsabilidad ética. La IA debe ser un complemento, no un sustituto, de la labor jurídica. Necesitamos, con urgencia, un marco regulatorio integral que establezca principios rectores para el uso de la IA en el ámbito jurídico y otros sectores sensibles. De lo contrario, corremos el riesgo de que el algoritmo reemplace el criterio humano, socavando la confianza en el sistema de justicia y poniendo en peligro los derechos que este sistema debe proteger.

La legislación actual, centrada en delitos informáticos, protección de datos y derechos de autor, resulta insuficiente para abordar la complejidad de los desafíos que plantea la IA. La falta de transparencia, los sesgos algorítmicos y la desigualdad en el acceso a la justicia son riesgos reales que debemos afrontar con determinación. Uruguay, al firmar el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre IA, Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, ha dado un paso fundamental hacia una regulación global que garantice la transparencia, la responsabilidad y la ética en el uso de la IA. México debe seguir este ejemplo y asumir compromisos concretos para proteger los derechos digitales de sus ciudadanos en la era de la inteligencia artificial. El futuro de la justicia depende de ello.