La tranquilidad de la noche tuxtleca se vio abruptamente interrumpida en la madrugada de este martes. Un escalofriante descubrimiento en la colonia Plan de Ayala ha conmocionado a la ciudad: dos cuerpos yacían en plena calle Jalisco, entre las avenidas Chiapas y Guanajuato, marcando una escena de violencia que exige justicia. Testigos presenciales relatan la aterradora secuencia: una camioneta negra, bajo el manto de la oscuridad, se detuvo brevemente para arrojar a las víctimas y luego desaparecer a toda velocidad, fundiéndose con la noche.

El horror de la escena se intensificó al descubrirse las marcas inequívocas de tortura en ambos hombres. Uno de ellos, lamentablemente, ya no presentaba signos vitales, mientras que el otro, aferrándose a la vida, fue trasladado en estado crítico a un hospital cercano. La lucha contra reloj por salvarlo ha comenzado, y toda la ciudad espera con ansias noticias sobre su condición.

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) no ha tardado en reaccionar. Se ha abierto una carpeta de investigación para dar con los responsables de este acto atroz, quienes enfrentarán cargos por homicidio y lesiones graves. Un equipo interinstitucional, compuesto por expertos de las Fiscalías contra Homicidio y de Distrito Metropolitano, se ha desplegado en la zona. Peinan la escena del crimen en busca de pistas, analizan cada detalle, recogen testimonios, con la determinación de reconstruir los hechos y llevar a los culpables ante la justicia.

La FGE ha reiterado su compromiso inquebrantable con la seguridad y la paz en Chiapas, prometiendo cero impunidad en este caso. La sombra de la tortura, un acto abominable que vulnera la dignidad humana, se cierne sobre este suceso. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en su firme defensa de los derechos fundamentales, establece penas severas para quienes se atrevan a infringirla: de tres a doce años de prisión, 500 días de multa e inhabilitación para ejercer cualquier cargo o empleo público.

Es importante destacar la contundencia de la ley en este aspecto. No admite justificaciones, no existen atenuantes. Ni la inestabilidad política, ni la urgencia de las investigaciones, ni ningún otro pretexto pueden amparar la práctica de la tortura. Este crimen, que nos recuerda la fragilidad de la vida y la necesidad imperante de justicia, ha conmocionado a la sociedad chiapaneca. La incertidumbre y la indignación se entremezclan en la espera de respuestas. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuál fue el móvil de tan brutal agresión? La investigación en curso deberá arrojar luz sobre estas interrogantes, mientras la comunidad exige justicia y un freno a la violencia que lacera el tejido social.

La solidaridad con las víctimas y sus familias se manifiesta en las redes sociales, en las conversaciones de café, en la preocupación colectiva. Tuxtla Gutiérrez se une en un clamor por la paz, por un futuro donde la justicia prevalezca y la violencia sea desterrada. La esperanza reside en la eficacia de las investigaciones y en la firmeza de las instituciones para garantizar que actos como este no queden impunes. El camino hacia la justicia puede ser largo, pero la sociedad chiapaneca está decidida a recorrerlo hasta el final.