La sombra de la corrupción se cierne nuevamente sobre México, revelando una trama de engaño que supera con creces los escándalos previos. El huachicol, lejos de erradicarse como se prometió, se ha metamorfoseado en una bestia aún más voraz, devorando más de 175 mil millones de pesos anualmente, una cifra que empequeñece los casos de Segalmex y la Estafa Maestra. Este saqueo, 20 veces mayor que el de Segalmex y 40 veces superior al de la Estafa Maestra, se configura como el mayor robo documentado en lo que va del siglo, una herida profunda en las finanzas nacionales y una traición a la confianza depositada en las instituciones.

La narrativa oficial, tejida con promesas de austeridad y enarbolada con el simbólico pañuelo blanco, se desmorona ante la evidencia. Mientras el discurso de la moral resonaba en las mañaneras, en las sombras se gestaba una red de corrupción que ha alcanzado incluso a la Marina Armada de México, una institución históricamente respetada, ahora manchada por la politización y la militarización de funciones civiles.

La gravedad del asunto se intensifica al considerar que, según fuentes confiables, la revelación de este esquema de corrupción no surgió de la voluntad del gobierno, sino de la presión ejercida por Estados Unidos, que detectó la venta de gasolina mexicana sin el pago correspondiente de impuestos. Este combustible, ingresado a Estados Unidos como crudo, era refinado y posteriormente reintroducido a México camuflado como lubricantes, alcoholes y aditivos para evadir impuestos y aranceles. Si esto se confirma, la soberanía proclamada se convierte en una farsa, dejando al descubierto la dependencia de un actor externo para destapar la corrupción interna.

La militarización de aduanas, puertos y aeropuertos, una decisión cuestionada desde su implementación, muestra hoy sus consecuencias más nefastas. No se trata de dudar de la integridad de las Fuerzas Armadas, sino de reconocer que exponerlas a tareas ajenas a su naturaleza las hace vulnerables a la corrupción. El resultado es palpable: la Marina envuelta en un escándalo sin precedentes y el honor de una institución histórica comprometido por la terquedad de un gobierno que prioriza la propaganda sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

Este gobierno, que se autoproclamó "diferente", ha replicado y amplificado los vicios del pasado: austeridad simulada, endeudamiento descontrolado, propaganda disfrazada de política pública y corrupción sistemática. El clientelismo, la centralización del poder y el desprecio por las instituciones, males endémicos de la política mexicana, han encontrado en esta administración un terreno fértil para su proliferación.

Ante este panorama desolador, la denuncia y la exigencia de justicia se convierten en imperativos. No podemos permitir que la impunidad se normalice. México necesita instituciones sólidas, un Estado de derecho efectivo y un gobierno comprometido con la honestidad. El silencio no es una opción. Debemos exigir que el dinero público se utilice para el bienestar de la ciudadanía, no para enriquecer a unos cuantos.

La responsabilidad del expresidente en este entramado de corrupción resulta ineludible. Sus declaraciones reconociendo la corrupción en las aduanas, los múltiples cambios de titulares y la posterior militarización de las mismas, sugieren un conocimiento del problema y una decisión deliberada de encubrirlo en lugar de investigarlo y sancionar a los responsables. Esta estrategia de ocultamiento ha generado un clima de opacidad y complicidad que hoy estalla en un escándalo de proporciones mayúsculas.

Nuestro compromiso es reconstruir la confianza de la ciudadanía, forjar un país donde la honestidad sea un valor tangible y no una mera consigna, donde las Fuerzas Armadas se dediquen a la seguridad nacional y no a encubrir la corrupción, y donde los recursos públicos se administren con transparencia y responsabilidad. El legado de este gobierno, marcado por el mayor fraude de la historia contemporánea, debe servir como una lección para el futuro y un recordatorio constante de la importancia de la vigilancia ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas.