El arranque del Primer Periodo Ordinario de la LXVI Legislatura trae consigo una vorágine de actividad legislativa, con la mira puesta en el Paquete Económico 2026 y un conjunto de iniciativas cruciales enviadas por el Ejecutivo. El ambiente es de intensa expectativa, con el Congreso enfrentándose a un calendario apretado y a la responsabilidad de procesar una agenda ambiciosa que definirá el rumbo del país en los próximos años.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa reformas de gran calado, incluyendo modificaciones a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y a la Ley de Protección Industrial. Estas iniciativas, según el discurso oficial, buscan modernizar el sistema judicial, impulsar la innovación y agilizar trámites burocráticos. Sin embargo, la sombra de más de 20 dictámenes y leyes pendientes, heredadas del periodo extraordinario, planea sobre el Congreso, generando preguntas sobre la capacidad de las Cámaras para atender con la debida diligencia la carga legislativa.

La reforma a la Ley de Amparo se encuentra en el ojo del huracán. Mientras el gobierno argumenta que la digitalización y la simplificación de procesos son necesarias para un sistema judicial más eficiente, voces críticas advierten sobre el riesgo de limitar el acceso ciudadano a este recurso fundamental. La posibilidad de acotar las suspensiones y modificar los plazos genera inquietud, pues el amparo es visto como un escudo protector contra posibles abusos de autoridad. El debate se centra en la necesidad de equilibrar la eficiencia con la garantía de los derechos ciudadanos. ¿Se está sacrificando la protección en aras de la modernización? Esta es la pregunta que resuena en los pasillos del Congreso y en la opinión pública.

Por otro lado, la reforma a la Ley de Protección Industrial se presenta como un motor para la innovación y el desarrollo económico. La promesa de un sistema más ágil y accesible para proteger las creaciones intelectuales es atractiva, pero también surge la preocupación por la protección efectiva de los pequeños creadores y de los saberes colectivos de las comunidades indígenas, especialmente en un contexto de creciente digitalización. ¿Se traducirán las buenas intenciones en beneficios concretos para todos los actores, o se concentrarán las ventajas en las grandes empresas? El desafío radica en garantizar un terreno de juego nivelado y evitar que la innovación se convierta en un privilegio de unos pocos.

En el horizonte económico, el Paquete Económico 2026, con un gasto histórico proyectado, se perfila como otro punto de intensa discusión. La Secretaría de Hacienda ha presentado cifras que requerirán un análisis minucioso por parte del Congreso. En este contexto, la transparencia y la participación ciudadana serán claves para asegurar una gestión responsable de los recursos públicos.

La LXVI Legislatura tiene ante sí una tarea monumental. La capacidad del Congreso para procesar la agenda legislativa con eficiencia y responsabilidad, atendiendo las demandas ciudadanas y garantizando el equilibrio de poderes, será puesta a prueba en los próximos meses. El país observa con atención el desarrollo de este periodo crucial, esperando que las decisiones tomadas contribuyan a un futuro más justo y próspero para todos los mexicanos.