La sombra del abuso sexual infantil vuelve a cernirse sobre Jalisco, dejando una estela de dolor y consternación. Tres casos distintos, tres historias de vulnerabilidad quebrantada, sacuden a la sociedad jalisciense y nos obligan a reflexionar sobre la urgente necesidad de proteger a nuestros niños y adolescentes. En Ciudad Guzmán, la detención de Geovany Jarif “N”, psicólogo de la Secundaria Técnica Número 100, ha generado una profunda indignación. ¿Cómo es posible que un profesional, cuya misión es velar por el bienestar emocional de los estudiantes, se convierta en su depredador? La confianza depositada en él por la menor y su familia ha sido traicionada de la manera más abyecta. Las autoridades han actuado con celeridad, recopilando las pruebas necesarias para su detención. Ahora, la justicia debe seguir su curso y garantizar que este individuo, si se demuestra su culpabilidad, reciba el castigo que merece. No podemos permitir que la impunidad se instale en nuestras escuelas, convirtiéndolas en espacios de riesgo para nuestros hijos.

La detención de Francisco Antonio “N” en Tlaquepaque nos confronta con otra realidad desgarradora: el abuso sexual infantil en el contexto de una relación de noviazgo. La manipulación, el poder y el control ejercido sobre una adolescente vulnerable resultaron en un embarazo, una consecuencia irreparable que marcará su vida para siempre. Este caso nos recuerda la importancia de educar a nuestros jóvenes sobre relaciones sanas, basadas en el respeto y la igualdad, y de estar atentos a las señales de alerta que puedan indicar una situación de abuso.

La condena de 16 años de prisión para Lorenzo Antonio “N” por abuso sexual infantil en Zapopan, aunque representa un avance en la lucha contra la impunidad, nos deja un sabor agridulce. Si bien la justicia ha prevalecido en este caso, el daño infligido a la víctima es irreversible. La historia de Lorenzo Antonio “N”, quien se aprovechó de la inocencia de una niña tras un festejo familiar, es un recordatorio escalofriante de que el peligro puede acechar incluso en los entornos que consideramos seguros. El intercambio de números telefónicos, aparentemente inocente, se convirtió en la puerta de entrada a una serie de abusos que dejaron profundas cicatrices en la vida de la menor.

Estos tres casos, aunque distintos en sus detalles, comparten un denominador común: la vulnerabilidad de las víctimas y la necesidad de una respuesta contundente por parte de la sociedad y las autoridades. Debemos fortalecer los mecanismos de prevención, fomentar la denuncia y garantizar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. La protección de nuestros niños y adolescentes es una responsabilidad compartida. No podemos mirar hacia otro lado. Debemos actuar con firmeza y determinación para erradicar este flagelo que destruye vidas y amenaza el futuro de nuestra sociedad. Es imperativo que las familias, las escuelas y las instituciones trabajen en conjunto para crear un entorno seguro para nuestros niños, donde puedan crecer y desarrollarse libres de la amenaza del abuso sexual. La justicia no solo debe ser aplicada, sino también ser percibida como tal, para que las víctimas se sientan protegidas y los agresores sepan que sus actos no quedarán impunes.