La narrativa oficial sobre la corrupción, una vez más, se refugia en la cómoda metáfora de las "manzanas podridas". Nos quieren hacer creer que la detención de algunos marinos por contrabando de combustible es un hecho aislado, obra de unos cuantos individuos deshonestos que mancillan el honor de una institución impoluta. Se elogia la colaboración de la Marina con la Fiscalía, se subraya que se trata de "uno, dos o tres elementos involucrados", y se insiste en que esto no representa el actuar de la institución. Pero esta narrativa, repetida hasta el cansancio, no solo insulta nuestra inteligencia, sino que minimiza la gravedad del problema y evade la responsabilidad de quienes tienen el poder de combatirlo eficazmente.

El "huachicol fiscal", como se le ha denominado, no es un delito menor perpetrado por un puñado de delincuentes de poca monta. Estamos hablando de un fraude a escala industrial, una sofisticada operación transnacional que involucra una compleja red de complicidades que se extiende a todos los niveles. Desde el transporte en buques petroleros y tanques de ferrocarril, hasta la falsificación de permisos aduanales y el cruce de fronteras, esta actividad ilícita requiere de una infraestructura y una logística que imposibilita que sea obra de unos cuantos individuos aislados. El daño al erario, estimado en cerca de 200 mil millones de pesos anuales, es una cifra que por sí sola desmonta la falacia de las "manzanas podridas".

Pretender que este tipo de delitos son producto de la desviación moral de unos cuantos, es no solo una simplificación absurda, sino una estrategia deliberada para eludir la responsabilidad que le compete al propio sistema. Se ignora, convenientemente, que existen factores estructurales, vacíos legales y mecanismos de control deficientes que propician este tipo de conductas. Se olvida, o se prefiere olvidar, que la corrupción no florece en el vacío, sino en un ambiente propicio, donde la impunidad y la falta de transparencia son el caldo de cultivo perfecto para su proliferación.

Recordemos que desde el sexenio pasado, la lucha contra la corrupción se convirtió en un discurso vacío, una herramienta retórica utilizada para fines políticos. Lejos de implementar políticas públicas y reformas estructurales que atacaran el problema de raíz, se desmantelaron o neutralizaron las instituciones encargadas de combatirla. Se utilizó el tema de la corrupción para perseguir adversarios políticos, silenciar voces críticas y estigmatizar a la prensa que se atrevía a denunciar los casos de corrupción.

Por lo tanto, no se trata de unas cuantas "manzanas podridas", sino de un sistema que, a pesar de prometer un cambio, ha perpetuado las prácticas corruptas y las ha encubierto con un discurso hipócrita. La verdadera podredumbre reside en la falta de voluntad política para enfrentar el problema y en la persistencia de un sistema que permite que la corrupción siga campante, enriqueciendo a unos pocos a costa del bienestar de todos. Es hora de dejar de lado las simplificaciones y asumir la responsabilidad que nos corresponde como sociedad para exigir un cambio real y construir un país donde la justicia y la transparencia sean la norma, no la excepción.