La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito jurídico ha generado un debate apasionante, lleno de matices y consecuencias de gran calado. Nos encontramos en un momento crucial donde la tecnología, con su potencial transformador, se topa con los pilares fundamentales de la justicia, la ética y el propio ejercicio del derecho. Si bien es cierto que la IA ofrece herramientas poderosísimas para la investigación y el análisis de jurisprudencia, agilizando procesos y democratizando el acceso a la información legal, no podemos obviar los riesgos inherentes a su uso indiscriminado.

Los casos de Nueva York y el Reino Unido, con precedentes inexistentes generados por IA y abogados sancionados por confiar ciegamente en algoritmos, nos dan una clara advertencia: la tecnología debe ser un apoyo, una herramienta auxiliar, pero jamás un sustituto del criterio humano, de la experiencia y la ética del jurista. Imaginen un futuro donde la defensa de nuestros derechos se base en frías ecuaciones matemáticas, desprovistas de la empatía, la argumentación y la interpretación que solo un profesional del derecho puede ofrecer. Ese futuro no es justicia, es una automatización carente del elemento esencial: la humanidad.

En México, herramientas como JusticIA y Sor Juana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demuestran el enorme potencial de la IA. Facilitan el acceso a la jurisprudencia, simplifican el lenguaje legal y acercan la justicia al ciudadano. Sin embargo, la decisión final, la ponderación de los argumentos y la aplicación de la ley deben recaer siempre en el juez, en un ser humano capaz de comprender las particularidades de cada caso, el contexto social y las implicaciones éticas de sus decisiones.

La propuesta de implementar formatos electrónicos para demandas, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia para quienes no pueden costear un abogado, es un avance significativo. No obstante, debemos ser extremadamente cautelosos. Si bien la tecnología puede simplificar trámites y democratizar el acceso, no podemos permitir que la IA sustituya la labor fundamental del abogado: la argumentación, la interpretación de criterios, el diseño de estrategias y, sobre todo, la defensa de los derechos humanos. El derecho no es una ciencia exacta, no se reduce a algoritmos y datos. Es un arte, una disciplina humanística que requiere sensibilidad, perspicacia y un profundo conocimiento del marco legal.

La clave reside en el equilibrio. Debemos aprovechar el potencial de la IA como una herramienta auxiliar, que colabore con el desarrollo de la abogacía, pero nunca que la suplante. La innovación debe ir de la mano de la responsabilidad. Si permitimos que los algoritmos reemplacen el criterio humano, no solo pondremos en riesgo una profesión, sino la confianza misma en el sistema de justicia.

Uruguay ha dado un paso fundamental al firmar el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre IA, Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho. Este tratado internacional, el primero de su tipo, busca regular el uso de la IA a nivel global, garantizando la transparencia, la responsabilidad, la equidad y la ética. Es imperativo que México y otros países de Latinoamérica sigan este camino, asumiendo compromisos concretos para proteger nuestros derechos en la era digital. El futuro del derecho, y de la justicia misma, depende de nuestra capacidad para integrar la tecnología de manera responsable, preservando siempre la esencia humana que la define.