La sombra del personalismo se cierne sobre la democracia estadounidense. El segundo mandato de Donald Trump ha desatado una cascada de decisiones que no solo evidencian un estilo de gobierno concentrado en su figura, sino que también ponen en jaque el delicado equilibrio de poderes que ha caracterizado históricamente a la nación norteamericana. No se trata simplemente de un cambio de rumbo político, sino de una transformación profunda que amenaza con erosionar los cimientos mismos de su sistema democrático.

Uno de los aspectos más alarmantes es la creciente injerencia del poder ejecutivo en agencias tradicionalmente independientes. Organismos como la Comisión Federal de Comercio, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión Federal de Comunicaciones, concebidos para operar con autonomía y resguardar los intereses ciudadanos de las presiones políticas y económicas, se ven ahora sometidos a la voluntad presidencial. Mediante el uso indiscriminado de órdenes ejecutivas, Trump ha logrado doblegar la independencia de estas instituciones, abriendo la puerta a potenciales conflictos de interés y a la manipulación de regulaciones cruciales para el bienestar de la población. Este modus operandi, que burla los mecanismos de control y balance establecidos por el Congreso, representa una grave amenaza para el Estado de derecho.

La avalancha de órdenes ejecutivas, más de 140 en tan solo unos meses, supera con creces el uso habitual de esta herramienta presidencial. Si bien la Constitución le otorga esta facultad, la amplitud y el alcance de las medidas implementadas por Trump, que abarcan desde temas migratorios hasta cuestiones de ciudadanía, han generado una inevitable colisión con el poder judicial. Esta pugna entre poderes, lejos de ser un simple desacuerdo político, revela una preocupante tendencia hacia la concentración del poder en manos del ejecutivo, poniendo en riesgo la separación de poderes que constituye la esencia de un sistema democrático.

Las consecuencias de este debilitamiento institucional trascienden las fronteras estadounidenses. El desmantelamiento de programas de cooperación internacional y de apoyo a la democracia en el mundo es una muestra clara del repliegue de Estados Unidos en el escenario global. La congelación de fondos destinados a la USAID y a programas de salud global, así como la drástica reducción de presupuestos para instituciones como la National Endowment for Democracy, han paralizado proyectos cruciales en decenas de países. Más allá del impacto económico, el mensaje que se envía es inequívoco: Estados Unidos abandona su rol como defensor de los derechos humanos y la democracia, dejando un vacío que puede ser aprovechado por regímenes autoritarios.

La situación que se vive en Estados Unidos nos ofrece una valiosa lección. La solidez de una democracia no se limita a la celebración de elecciones periódicas, sino que depende de la existencia de contrapesos efectivos que limiten el poder y garanticen el respeto al Estado de derecho. En México, donde también hemos experimentado momentos de tensión entre los distintos poderes, debemos ser especialmente vigilantes. No basta con tener instituciones sólidas en la teoría, es fundamental defenderlas día a día frente a cualquier intento de debilitamiento. La experiencia estadounidense nos recuerda la importancia de preservar la autonomía de los organismos reguladores, garantizar la independencia judicial y mantener una política exterior coherente con los valores democráticos.

La democracia es un organismo vivo, en constante evolución, que requiere de un cuidado permanente. Si se ignoran o se debilitan los mecanismos que la protegen, el riesgo de erosión democrática se vuelve tangible. Por ello, es crucial mantener una vigilancia constante, tanto en México como en el resto del mundo, para evitar que la concentración del poder suplante la pluralidad y el Estado de derecho. La historia nos enseña que la defensa de la democracia es una tarea incesante, una responsabilidad compartida que exige la participación activa de todos los ciudadanos.