El arranque del nuevo Poder Judicial ha dejado una estela de desconcierto e incredulidad en todo el país. Lejos de la anhelada transformación, la primera semana ha sido un catálogo de improvisaciones, errores procesales y una preocupante falta de pericia por parte de los nuevos jueces. Lo que se preveía como una renovación del sistema, se ha convertido en un espectáculo lamentable que pone en jaque la justicia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Desde el inicio, la designación de los llamados "Jueces del Bienestar" generó controversia. La falta de experiencia y la ausencia de una trayectoria judicial sólida en muchos de los elegidos, despertaron la alarma entre los profesionales del derecho. Las advertencias, lamentablemente, se han materializado. En apenas unos días, se han acumulado errores procesales que van desde el desconocimiento de plazos básicos del Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta la emisión de resoluciones sin la debida fundamentación y motivación. Audiencias suspendidas sin justificación, cancelaciones arbitrarias y una evidente incapacidad para dirigir el debate entre fiscalía y defensa, pintan un panorama desolador. Lo que antes era un procedimiento rutinario, se ha transformado en un escenario de improvisación constante, donde la incertidumbre y el desconcierto reinan.

El clamor de los abogados no se ha hecho esperar. Denuncias públicas sobre la incapacidad de algunos jueces para conducir las audiencias, la incertidumbre en la admisión de pruebas, la imposición de plazos absurdos para el desahogo de diligencias, y hasta la necesidad de que los litigantes expliquen a los jueces el desarrollo de una audiencia de control, son solo algunos ejemplos de la gravedad de la situación. La justicia, en lugar de ser una garantía, se ha convertido en una ruleta rusa donde la libertad, el patrimonio y los derechos de los ciudadanos están en juego.

El discurso oficial, que pregona la democratización del Poder Judicial a través del voto popular, se desmorona ante la realidad. La elección de jueces por esta vía, ha abierto la puerta a la influencia de la política, el clientelismo y la necesidad de financiamiento para las campañas. Los jueces, en lugar de ser árbitros imparciales, se convierten en actores políticos con compromisos que inevitablemente contaminan sus decisiones. La imparcialidad, pilar fundamental de la justicia, se erosiona, y la independencia judicial, base del Estado de derecho, se tambalea peligrosamente.

Como si la improvisación y la falta de experiencia no fueran suficientes, el flamante Tribunal de Disciplina Judicial, presentado como garante de control y rendición de cuentas, es una entidad fantasma. Sus oficinas permanecen vacías y las denuncias y quejas se encuentran suspendidas indefinidamente. Ante la ausencia de un mecanismo efectivo de control y sanción, los jueces actúan con total impunidad, agravando aún más la crisis del sistema judicial.

La experiencia de otros países en materia de reformas judiciales ofrece valiosas lecciones. En Israel, la controversia sobre el control judicial del gobierno, puso de manifiesto la importancia de la independencia de la Corte Suprema para salvaguardar la democracia y evitar la tiranía de las mayorías. En el Reino Unido, la resistencia del poder judicial ante la “Safety of Rwanda Act”, demuestra la necesidad de proteger los derechos humanos incluso frente a decretos parlamentarios. India, con sus nuevos códigos procesales, evidencia los riesgos de la modernización a costa de debilitar las garantías fundamentales. Polonia, por el contrario, ofrece un ejemplo positivo al revertir medidas que afectaban la independencia judicial y recuperar la confianza de la Unión Europea.

En México, la situación es alarmante. Mientras en otras naciones se debate la extensión del control judicial o su compatibilidad con los tratados internacionales, aquí la pregunta fundamental es si los jueces tienen la capacidad básica para dirigir una audiencia o emitir una resolución sin incurrir en contradicciones elementales. Los testimonios de abogados que relatan audiencias retrasadas por la inexperiencia del juez, resoluciones copiadas de manuales básicos de derecho y decisiones contradictorias que ordenan la libertad y la prisión preventiva del mismo imputado en cuestión de minutos, son un reflejo del colapso institucional.

El costo de este experimento fallido lo paga la ciudadanía. Ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de justicia y se encuentran con la inexperiencia y la improvisación. Abogados que deben litigar en un terreno movedizo, sin la certeza de un proceso justo. Y un país entero que ve cómo la confianza en sus instituciones se desvanece.

La primera semana del nuevo Poder Judicial ha sido un desastre. No se trata de un simple tropiezo, sino de un diseño fallido que pone en riesgo el Estado de derecho. La justicia no se construye con discursos populistas ni con improvisaciones, sino con jueces capacitados, controles disciplinarios efectivos y una independencia real frente al poder político. Rectificar es urgente. El país no puede permitirse normalizar este caos. La vida, la libertad y el patrimonio de los mexicanos están en juego.