La sombra de la corrupción se extiende sobre Michoacán, oscureciendo el panorama político y social. Ya no se trata de simples rumores o sospechas, sino de hechos concretos que revelan la profunda infiltración del crimen organizado en las estructuras del poder. El caso del secretario del Ayuntamiento de Jiquilpan, Luis Ángel “N”, detenido junto a falsos policías en una patrulla clonada, es una muestra alarmante de cómo la delincuencia ha logrado tejer sus redes hasta los más altos niveles de la administración pública. La acusación de participar en la grabación de videos del supuesto “Ejército Purépecha de Liberación Michoacana”, un grupo armado que ha lanzado amenazas directas al gobierno estatal, no solo lo convierte en un funcionario corrupto, sino en la voz misma del crimen, un portavoz que utiliza la investidura pública para difundir mensajes de terror e intimidación.

Este caso no es un incidente aislado, sino un síntoma de una enfermedad que corroe las instituciones michoacanas. La pregunta que resuena con fuerza es ¿cómo pudo alguien con vínculos tan evidentes con el crimen organizado llegar a ocupar un puesto tan importante sin que nadie lo detectara? La investigación abierta por el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla debe ir más allá de los funcionarios municipales e indagar también en las esferas estatales, desentrañando la red de complicidades que permitió este ascenso. Se habla de más nombres, de municipios vecinos implicados, lo que sugiere una trama compleja y extendida que amenaza con desestabilizar la región.

Jiquilpan, el corazón mismo del municipio, se ve afectado directamente por esta revelación. No se trata de una simple "manzana podrida", sino de un engranaje central del gobierno local, lo que pone en tela de juicio la legitimidad y la eficacia de toda la administración. La alerta de infiltración en otros ayuntamientos michoacanos no puede ser ignorada. Si la delincuencia organiza conferencias de prensa disfrazadas de videos virales y utiliza a funcionarios públicos como portavoces, la línea que separa lo institucional de lo criminal se difumina peligrosamente, creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza.

Mientras tanto, en San Luis Potosí, el escenario político no es menos turbulento. El debut de Sara Rocha Medina como presidenta del Congreso potosino ha estado marcado por la polémica. Su decisión de abandonar la sesión solemne, delegando la toma de protesta de las nuevas personas juzgadoras del Poder Judicial, ha generado una fuerte controversia. Este gesto, más allá de un asunto personal, revela la profunda crisis política que atraviesa el estado y el choque frontal entre partidos y poderes.

La actitud de Rocha, quien también encabeza el Comité Directivo Estatal del PRI, ha sido interpretada como una afrenta institucional, una muestra de la priorización de intereses partidistas por encima de las responsabilidades inherentes a su cargo. Las críticas no se han hecho esperar, con el morenista Carlos Arreola Mallol exigiendo respeto a la investidura del Congreso y a la legitimidad de los nuevos magistrados, magistradas, jueces y juezas.

Este episodio pone de manifiesto la fractura que divide al Congreso potosino. Mientras el oficialismo intenta mantener una imagen de "altura institucional", la oposición priista responde con ausencias estratégicas y desplantes que debilitan las instituciones y dificultan la gobernabilidad. La pregunta que surge es si San Luis Potosí cuenta con un Congreso capaz de afrontar los desafíos del presente y construir un futuro estable, o si seguirá atrapado en un juego de desplantes y silencios que solo beneficia a la inestabilidad y la polarización. El futuro político de San Luis Potosí se encuentra en la cuerda floja, y la capacidad de sus representantes para dialogar y alcanzar consensos será crucial para determinar su rumbo.