La sombra de la tragedia de Iztapalapa se extiende sobre Veracruz. El recuerdo de la explosión, el saldo de vidas perdidas y el sufrimiento de los heridos ha encendido las alarmas en el estado jarocho. Las autoridades, conscientes de la gravedad de la situación, han puesto en marcha una serie de operativos para asegurar que las empresas gaseras operen bajo la más estricta legalidad. No se trata solo de cumplir con la normativa, se trata de proteger la vida de los veracruzanos.

El Secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, ha sido enfático: la seguridad en el transporte y manejo del gas LP es una prioridad. No importa si los permisos son federales o estatales, todas las empresas que transportan materiales peligrosos deben cumplir con las normas establecidas. La supervisión será exhaustiva, desde las pipas que recorren las carreteras hasta las plantas de almacenamiento. El mensaje es claro: no se tolerará la negligencia ni la impunidad.

Ante la sospecha de la venta de gas LP de procedencia ilícita en Xalapa, la capital del estado, Ahued Bardahuil ha hecho un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad. La colaboración entre gobierno y sociedad es fundamental para erradicar estas prácticas peligrosas. "Aquí no hay impunidad", ha asegurado el funcionario, dejando claro que se investigará y se actuará con firmeza contra quienes pongan en riesgo la seguridad de la población.

En Xalapa, la Dirección de Protección Civil Municipal ha desplegado un operativo de supervisión en empresas gaseras. Se revisarán minuciosamente los autotanques, los camiones de reparto y las instalaciones de almacenamiento. El objetivo es verificar que cumplan con todos los permisos y que operen en condiciones seguras. La coordinación con la Secretaría de Protección Civil Estatal refuerza la estrategia de prevención y control. No se dejará ningún cabo suelto.

La preocupación se extiende más allá de la capital. En varios municipios del estado, como Córdoba, Tezonapa, Cuitláhuac, Yanga, San Andrés Tuxtla, puerto de Veracruz y Poza Rica, se ha detectado un incremento en la operación de empresas que comercializan gas ilegalmente. Estas empresas, que no cumplen con ninguna normativa ni cuentan con seguros de responsabilidad civil, representan una grave amenaza para la seguridad de las familias veracruzanas. La competencia desleal que representan también afecta a las empresas legalmente establecidas, que cumplen con sus obligaciones fiscales y generan empleos formales.

Este problema se suma al del robo de gas LP a través de tomas clandestinas. Aunque las cifras han disminuido en comparación con el año anterior, Veracruz sigue ocupando el quinto lugar a nivel nacional en este delito. La lucha contra las tomas clandestinas es una tarea permanente que requiere la colaboración de todos los niveles de gobierno y la participación de la sociedad. Es vital denunciar cualquier actividad sospechosa y contribuir a la erradicación de esta práctica que pone en riesgo la seguridad de todos.

La seguridad en el manejo del gas LP no es un juego. Se trata de proteger la vida y el patrimonio de los veracruzanos. Las autoridades están actuando con firmeza y determinación, pero la colaboración de la ciudadanía es indispensable. Denunciar, informarse y exigir el cumplimiento de la normativa son acciones que pueden salvar vidas. La tragedia de Iztapalapa nos recuerda la importancia de la prevención y la responsabilidad compartida en la construcción de un Veracruz más seguro.