En el corazón del mundo legal mexicano, un silencio ensordecedor retumba con más fuerza que cualquier declaración oficial. Greenberg Traurig México, un nombre que alguna vez resonó con prestigio y solidez, se encuentra en medio de una desbandada de socios clave, una hemorragia de talento que no puede ser ignorada. Las salidas, que involucran a líderes en áreas cruciales como fusiones y adquisiciones, energía, infraestructura y financiamiento de proyectos, pintan un cuadro preocupante para la firma fundada por Greenberg, Hoffman y Traurig. Este éxodo no ocurre en el vacío. El contexto actual, marcado por la adversidad comercial, los desafíos arancelarios impulsados por la Secretaría de Economía y las complejidades fiscales orquestadas por Hacienda, crea un escenario aún más complejo. Y lo que resulta aún más inquietante: varios de estos socios que han abandonado el barco ahora lideran operaciones millonarias y emblemáticas desde otras firmas o fondos, demostrando que el problema no radica en el mercado, sino dentro de Greenberg Traurig México.

La raíz de este malestar generalizado apunta a la gestión local, encabezada por José Raz Guzmán y Juan Manuel González. Su liderazgo, cuestionado durante años, se ve agravado por una preocupante permisividad del liderazgo global de la firma. El caso del abogado involucrado en un escándalo en Polanco, con un historial de señalamientos por corrupción y tráfico de influencias, ilustra a la perfección la cultura de impunidad que parece haberse instaurado. La decisión de mantenerlo activo, despachando desde su lugar habitual, sin una sola palabra de reproche desde Miami o Nueva York, habla volúmenes. Este silencio cómplice no solo socava la ética de la firma, sino que también corroe la moral de quienes aún permanecen en ella.

Más allá de la ética, el deterioro también es operativo. Fuentes internas, con un dejo de tristeza en sus voces, admiten que la firma implementa estructuras internas de cumplimiento fiscal, laboral y de seguridad social altamente cuestionables. A esto se suma un sistema de incentivos perversos, decisiones unilaterales y una cultura que premia la lealtad personal por encima del rendimiento y la visión institucional. No es de extrañar, entonces, que la firma presidida globalmente por Brian L. Duffy enfrente demandas que han resultado en el embargo de cuentas bancarias.

Mientras tanto, la competencia observa con atención. Al menos tres despachos, según fuentes confiables, buscan activamente captar el talento que huye de Greenberg Traurig, y algunos ya han tenido éxito. La ironía es palpable: mientras la administración se dedica al ciclismo o al golf, otros construyen imperios con el talento que ellos dejaron escapar. Los que aún permanecen dentro de la firma, con creciente incertidumbre, comienzan a hacer sus cuentas.

Greenberg Traurig México, que alguna vez aspiró a ser sinónimo de solidez transaccional en energía, infraestructura y mercado de capitales, se encuentra ahora al borde del precipicio. El golpe más duro no es la partida de los socios, sino la inminente pérdida de negocios clave que estos llevarán consigo a sus nuevas firmas. En el mundo de las grandes ligas legales, esto es una herida mucho más profunda que cualquier demanda.

En Pemex, la petrolera estatal dirigida por Víctor Rodríguez Padilla, el tablero de ajedrez continúa en movimiento. La reciente salida de Ana Margarita Pérez Miranda de la dirección general de PMI Comercio Internacional, la joya de la corona de Pemex por su control sobre la comercialización internacional de crudo, gas y petroquímicos, ha generado un vacío de poder rápidamente llenado por Adán Enrique García Ramos, proveniente de la Secretaría de Hacienda. Este nombramiento estratégico refleja la influencia del gobierno en las operaciones de la petrolera. Otro cambio crucial se avecina en la dirección de Pemex Exploración y Producción, con la posible salida de Ángel Cid. Su regreso a este puesto en mayo, impulsado por el ex director Octavio Romero y el gobierno de Claudia Sheinbaum, buscaba revitalizar la producción a través de alianzas con el sector privado. Su inminente partida sugiere una reconfiguración estratégica por parte de la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien busca deshacerse de la influencia de Romero Oropeza. Estos movimientos reflejan la constante lucha de poder dentro de la petrolera y la búsqueda de un rumbo claro en medio de un panorama energético complejo.

La crisis de liderazgo en el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), liderado por Alejandro Martínez Araiza, se profundiza. La negativa de Martínez Araiza a transparentar el patrimonio sindical, valuado en 500 millones de pesos, ante el gobierno de la 4T y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, levanta sospechas. Su justificación, argumentando un supuesto riesgo para sus delegados por parte de los cárteles, suena hueca ante las acusaciones de malos manejos financieros. Los 17 mil trabajadores del SNAC observan con preocupación los números rojos y los presuntos daños patrimoniales por 394.1 millones de pesos. Desvíos de recursos a fundaciones, ventas de inmuebles a precios cuestionables, pagos a proveedores sin justificación y facturas fantasma son solo algunas de las irregularidades que ensombrecen la gestión de Martínez Araiza. Su silencio ante estas acusaciones solo refuerza la imagen de un líder corrupto que se aferra al poder a costa de los trabajadores.