La posibilidad de un subsidio al transporte público en el Estado de México ha generado un intenso debate en la entidad. Mientras la Secretaría de Movilidad (Semov) explora diferentes modelos de éxito implementados en otros estados como Jalisco, Ciudad de México, Quintana Roo y Yucatán, la incertidumbre sobre la fecha de implementación y el impacto real en el bolsillo de los mexiquenses se mantiene. El titular de la Semov, Daniel Sibaja, ha enfatizado la necesidad de un análisis exhaustivo para evitar replicar esquemas fallidos y adaptar las mejores prácticas a la compleja realidad del transporte en el Estado de México.

La búsqueda de un modelo óptimo se centra en la eficiencia y la sostenibilidad. El ejemplo de Jalisco, donde el ajuste tarifario se condicionó a la mejora de las unidades, destaca como una propuesta innovadora que busca vincular la inversión pública con la calidad del servicio. Sin embargo, la implementación de un subsidio de esta magnitud requiere un compromiso financiero importante por parte del gobierno estatal. Sibaja ha aclarado que la decisión final y la asignación presupuestal corresponden a la Secretaría de Finanzas, y que, de aprobarse, el subsidio se contemplaría a partir del 2026.

Esta perspectiva a mediano plazo genera inquietud entre los usuarios y los transportistas. El sector del transporte público, que lleva años demandando un aumento a la tarifa, ha vuelto a la mesa de negociaciones con el gobierno. Su petición de un incremento de cuatro pesos a la tarifa actual de 12 pesos, tras cinco años sin modificaciones, choca con la posibilidad de un subsidio que, en teoría, debería aliviar la carga económica de los pasajeros.

El reto principal, según Sibaja, radica en erradicar las unidades irregulares que operan en la entidad. Se estima que circulan 700 mil unidades, mientras que solo 150 mil cumplen con la normativa. Esta disparidad no solo representa una competencia desleal para los transportistas que operan dentro del marco legal, sino que también compromete la seguridad de los usuarios y dificulta la implementación de cualquier política pública de mejora del transporte. La coordinación con la Secretaría de Seguridad para detener la operación de estos vehículos ilegales es crucial, pero la realidad muestra que la introducción de nuevas unidades irregulares continúa, lo que convierte esta tarea en un verdadero desafío.

La implementación de un nuevo sistema de registro de concesiones es otro de los puntos clave para el reordenamiento del sector. Este sistema busca transparentar la operación del transporte público y facilitar la fiscalización, pero su implementación requiere una planificación cuidadosa y la colaboración de todos los actores involucrados.

El futuro del transporte público en el Estado de México se encuentra en un punto crucial. La posibilidad de un subsidio, la necesidad de erradicar las unidades irregulares y la implementación de un nuevo sistema de concesiones son elementos que configurarán el panorama del transporte en los próximos años. La eficacia de las medidas adoptadas dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para dialogar y generar consensos con todos los actores involucrados, priorizando siempre el beneficio de los millones de usuarios mexiquenses que dependen del transporte público diariamente.