La decisión de la presidenta Sheinbaum de recortar el presupuesto al Poder Judicial ha desatado una ola de controversias y una profunda reflexión sobre el funcionamiento de la justicia en nuestro país. Más allá de las cifras, los 15 mil millones de pesos menos representan un desafío directo a la eficiencia y la capacidad de adaptación de la Suprema Corte y demás instancias judiciales. Se cuestiona si realmente pueden operar con menos recursos, una promesa que resonó en las campañas de los nuevos ministros. Este ajuste presupuestal no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis más profunda que aqueja a la justicia mexicana. Una crisis que se manifiesta en la desconexión entre la ciudadanía y las instituciones, en la opacidad de los procesos y en la falta de confianza en la imparcialidad de las decisiones judiciales.

La crítica de la presidenta Sheinbaum hacia los ministros de la Suprema Corte, quienes según sus palabras ni siquiera revisaron la propuesta presupuestal, añade un elemento de irresponsabilidad a la ecuación. Se pone en duda la diligencia y el compromiso de quienes ocupan los más altos cargos en el sistema judicial. ¿Están realmente preparados para asumir la responsabilidad que conlleva su posición? ¿O su interés se centra más en el presupuesto que en la impartición de justicia?

La historia de la Suprema Corte, desde su instalación en 1825, ha sido testigo de innumerables transformaciones en el país. Sin embargo, la promesa de un "nuevo ciclo" parece desvanecerse ante las evidencias de errores jurídicos y actuaciones cuestionables, no solo en la Corte, sino también en los tribunales estatales. Estos fallos, documentados tanto en medios tradicionales como en redes sociales, no son simples anécdotas. Representan un grave riesgo para la vida de las personas, pues un mal criterio judicial puede tener consecuencias irreparables.

La justicia abierta, un concepto que ha ganado terreno en los últimos años, se ha convertido en un tema central del debate. Pero, ¿qué significa realmente? Abrir las puertas de los tribunales no es suficiente. La verdadera justicia abierta exige jueces proactivos, cercanos a la ciudadanía, comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. No se trata de simulaciones o estrategias superficiales, sino de una transformación profunda en la forma en que se imparte justicia.

El desaire del ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, a una representante del Poder Legislativo, contrasta con la actitud institucional de la Presidenta de la República, y añade otra capa de complejidad al panorama. Este gesto, aparentemente menor, revela la tensión existente entre los diferentes poderes del Estado y la necesidad de un diálogo respetuoso y constructivo.

En este contexto de incertidumbre y desconfianza, la ciudadanía observa con atención. Las instituciones, en particular el Poder Judicial, tienen la obligación de responder con hechos, no con palabras. La confianza se gana con resultados, con sentencias justas y con un compromiso inquebrantable con el Estado de Derecho. El recorte presupuestal es una prueba, una oportunidad para demostrar que la justicia puede funcionar con eficiencia y transparencia, incluso con menos recursos. El reto es mayúsculo: demostrar que el Poder Judicial está a la altura del país que representa. Y, sobre todo, recordar que ocupar un cargo público sin el perfil y los conocimientos adecuados, combinado con negligencia, tráfico de influencias o simulación, puede ser una forma de corrupción.