El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF 2026) ha generado un intenso debate en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Si bien se vislumbran algunos avances en materia de digitalización e inclusión financiera, la falta de incentivos para la inversión en infraestructura de telecomunicaciones ensombrece el panorama. La reducción del 4.5% en los ingresos estimados por derechos de espectro confirma la preocupante tendencia a la baja en las inversiones del sector. Este freno a la expansión de redes podría tener consecuencias significativas en la conectividad del país, especialmente en zonas rurales y marginadas. Sin una política de espectro que fomente la inversión, será difícil alcanzar los objetivos de conectividad universal y cerrar la brecha digital.

La apuesta por la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT), con un incremento presupuestal del 22.1%, resulta esperanzadora. Con 3.85 mil millones de pesos, la ATDT tiene la responsabilidad de impulsar la digitalización de trámites, coordinar la política de conectividad y fortalecer la estrategia satelital. Sin embargo, la drástica reducción del 48.4% en el presupuesto de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes genera interrogantes sobre la articulación de las políticas públicas en el sector. La centralización de la política digital en la ATDT, si bien puede ser eficiente, también conlleva el riesgo de una visión limitada y la falta de coordinación con otras áreas clave.

El crecimiento presupuestal de Financiera para el Bienestar (FINABIEN) y del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), con aumentos del 36.8% y 24.9% respectivamente, refleja la importancia de la infraestructura de telecomunicaciones para la inclusión financiera y el comercio electrónico. Sin embargo, la reducción del 4% en el presupuesto para medios públicos y la drástica caída del 82.3% en la Dirección aprende.mx, responsable de contenidos educativos, son señales preocupantes. En un contexto de profundas desigualdades en el acceso a la educación y la conectividad, estos recortes podrían profundizar la brecha digital y limitar las oportunidades de desarrollo para millones de mexicanos.

En el ámbito de los ingresos, la disminución del 0.3% en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las redes públicas de telecomunicaciones, junto con la caída en los ingresos por espectro, plantea un escenario complejo para el financiamiento de la infraestructura digital. La introducción de nuevos impuestos, como el IEPS del 8% a videojuegos violentos y del 50% a apuestas en línea, genera controversia. Si bien la recaudación es un objetivo legítimo, es fundamental analizar el impacto de estos gravámenes en el acceso a la tecnología, la innovación y la libertad de elección de los consumidores.

El PPEF 2026, en definitiva, presenta luces y sombras. Si bien se promueve la digitalización y la inclusión financiera, la falta de incentivos para la inversión en telecomunicaciones y los recortes en áreas clave como la educación, podrían comprometer el desarrollo digital del país. Es fundamental un debate público informado y participativo que permita evaluar las implicaciones de este presupuesto y construir una política digital que beneficie a todos los mexicanos. En las próximas entregas, profundizaremos en el análisis de los nuevos impuestos y sus posibles consecuencias para el sector.