El Paquete Económico 2026 presentado por el Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, ha generado un intenso debate en la esfera pública. Más allá de las cifras y proyecciones, este paquete representa una apuesta audaz del gobierno, entrelazando la necesidad de fortalecer las arcas públicas con la ambición de influir en los hábitos de consumo de la población. La propuesta, que incluye incrementos en impuestos a bebidas azucaradas, tabaco y videojuegos violentos, junto con modificaciones a la Ley de Aduanas y medidas contra la evasión fiscal, se presenta como un camino para financiar programas sociales clave en áreas como salud, educación y bienestar.

Sin embargo, la viabilidad de este ambicioso plan no está exenta de interrogantes. Si bien el discurso oficial enfatiza la protección de la economía familiar y la promoción de la salud pública, expertos advierten sobre los posibles efectos colaterales. El aumento en la carga fiscal sobre productos de consumo masivo, como los refrescos, podría impulsar el mercado informal, incentivando la producción y distribución clandestina de estas bebidas, lo que no solo socavaría la recaudación esperada, sino que también pondría en riesgo la salud de los consumidores al no existir controles sanitarios.

Otro punto de controversia es el impuesto a los videojuegos con contenido violento. Aunque la intención de desalentar el consumo de estos productos en adolescentes es loable, la definición de "contenido violento" resulta ambigua y abre la puerta a interpretaciones subjetivas que podrían afectar a la industria del videojuego en su conjunto. Además, se cuestiona la eficacia de esta medida para modificar conductas, ya que la experiencia internacional muestra resultados mixtos en este sentido. ¿Se traducirá este impuesto en una reducción real de la violencia juvenil o simplemente en una carga adicional para las familias y un incentivo para la piratería?

En el ámbito de la recaudación, la modificación a la Ley de Aduanas y las medidas contra las factureras son pasos importantes para combatir la evasión fiscal, un mal endémico que drena recursos del erario público. No obstante, la implementación efectiva de estas medidas requiere de una administración eficiente y transparente, así como de la colaboración del sector privado. La historia nos ha enseñado que las buenas intenciones no son suficientes; se necesita una estrategia sólida y una capacidad institucional robusta para lograr los objetivos planteados.

El éxito del Paquete Económico 2026 no solo depende de su capacidad recaudatoria, sino también de su impacto social. El gobierno debe ser sensible a las preocupaciones de la ciudadanía y buscar un equilibrio entre la necesidad de obtener recursos y la protección del poder adquisitivo de las familias. El diálogo con los diferentes sectores de la sociedad, la transparencia en la gestión de los recursos públicos y la evaluación constante de las medidas implementadas son cruciales para generar confianza y asegurar la legitimidad de este ambicioso plan económico. El futuro dirá si el Paquete Económico 2026 logra sus objetivos o si, por el contrario, se convierte en un nuevo capítulo de promesas incumplidas. La atención de la sociedad está puesta en los resultados.