La epidemia silenciosa que ha acechado a México durante décadas, la de la obesidad, el sobrepeso y la diabetes, finalmente enfrenta una respuesta contundente: la actualización del impuesto a las bebidas azucaradas. Más allá de una simple medida recaudatoria, esta decisión representa un acto de responsabilidad por parte del Gobierno, una apuesta por la salud pública y una inversión en el futuro del país. No se trata de castigar a la ciudadanía, sino de protegerla de los efectos devastadores de un consumo excesivo de azúcares, un hábito que se ha arraigado profundamente en nuestra cultura alimentaria.

Imaginemos por un momento las consecuencias a largo plazo de no actuar. Un sistema de salud saturado, familias luchando contra enfermedades crónicas, una fuerza laboral mermada por la diabetes y sus complicaciones. El costo humano y económico de esta inacción es simplemente incalculable. Frente a este panorama, el impuesto se presenta no como una carga, sino como una herramienta esencial para romper el ciclo vicioso de la enfermedad.

Recordemos que no estamos solos en esta lucha. A nivel internacional, países como Chile, Reino Unido y Sudáfrica han implementado medidas similares con resultados alentadores. La experiencia nos demuestra que estos impuestos no solo reducen el consumo de bebidas azucaradas, sino que también generan recursos cruciales para fortalecer los sistemas de salud. En México, la experiencia del 2014, con la implementación del primer impuesto a estas bebidas, ya nos dio un adelanto de los beneficios que podemos obtener, con una disminución del consumo de hasta un 10%, particularmente en los hogares con menos recursos.

Es comprensible que existan voces que se opongan a esta medida. Los argumentos de las grandes empresas, centrados en las supuestas afectaciones económicas y la pérdida de empleos, son previsibles. Sin embargo, es fundamental comprender que la verdadera afectación económica, la verdadera pérdida de productividad, reside en una población enferma. Un México sano es un México próspero, con trabajadores más eficientes, niños que aprenden mejor y familias que disfrutan de una vida plena.

Este impuesto no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un objetivo mucho más ambicioso: construir un México más saludable. Los recursos generados se destinarán a fortalecer el primer nivel de atención médica, a impulsar programas de prevención y a garantizar el acceso gratuito al agua potable en escuelas y espacios públicos. Se trata, en definitiva, de invertir en la salud de las futuras generaciones, de construir un futuro donde la diabetes y la obesidad no sean la norma, sino la excepción.

La Cuarta Transformación, con su enfoque en el bienestar del pueblo, se consolida con esta medida. Se suma a otras iniciativas como la gratuidad de los medicamentos y la ampliación de la infraestructura hospitalaria, conformando una estrategia integral para garantizar el derecho a la salud. En un país donde las desigualdades persisten, este impuesto se convierte en un acto de justicia social, una herramienta para equilibrar la balanza y asegurar que la salud no sea un privilegio, sino un derecho para todos. En México, la salud no se negocia, se garantiza.