El fantasma de la inflación vuelve a acechar los bolsillos de las familias mexicanas, y esta vez se materializa en la persistente alza del precio de los combustibles. Por vigésima segunda semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha decidido mantener el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al 100%, lo que significa que el consumidor absorbe la totalidad del costo de este gravamen. Una medida que, sin duda, impacta directamente en la economía familiar, especialmente en un contexto de incertidumbre económica global.

Imaginen el escenario: el tanque de gasolina, ese fiel compañero de viajes y desplazamientos diarios, se convierte en un agujero negro para el presupuesto familiar. Semana tras semana, el goteo constante del gasto en combustible erosiona la capacidad adquisitiva, obligando a muchos a recortar gastos en otras áreas esenciales, como alimentación, educación o esparcimiento. La pregunta que resuena en la mente de muchos es: ¿hasta cuándo tendremos que soportar esta carga?

La SHCP argumenta que la decisión de mantener el IEPS al 100% se debe a la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, para el ciudadano común, esta explicación se traduce en un lenguaje críptico y distante de su realidad cotidiana. Lo que perciben es un aumento constante del precio de la gasolina, mientras que sus ingresos permanecen estancados. Esta situación genera una sensación de frustración e impotencia, y la pregunta inevitable surge: ¿dónde queda el apoyo a las familias mexicanas?

La variabilidad regional del precio de la gasolina añade otra capa de complejidad al problema. Mientras que en algunas zonas del país el precio se mantiene relativamente estable, en otras se registran incrementos significativos. Esta disparidad genera desigualdad y pone en desventaja a quienes viven en zonas con precios más altos. ¿Es justo que el acceso a un bien esencial como el combustible dependa del lugar de residencia?

La labor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la verificación de los precios en las gasolineras es fundamental para garantizar la transparencia y evitar abusos. Sin embargo, la verificación por sí sola no resuelve el problema de fondo: el alto costo del combustible. Se necesita una estrategia integral que contemple medidas para mitigar el impacto del IEPS en la economía familiar, y que promueva la eficiencia energética y el desarrollo de alternativas de transporte más sostenibles.

La situación actual nos invita a reflexionar sobre la importancia de una política energética justa y equitativa. No se trata solo de números y estadísticas, se trata del impacto real en la vida de las personas. Es hora de buscar soluciones que beneficien a todos, no solo a unos pocos. El futuro de nuestras familias y del país depende de ello. ¿Qué medidas concretas se pueden implementar para aliviar la carga del precio de la gasolina en la economía familiar? El debate está abierto.

Mientras tanto, el consumidor sigue pagando la factura, con la esperanza de que pronto se vislumbre una luz al final del túnel. La incertidumbre persiste, pero la necesidad de un cambio es innegable.