La transformación del panorama de seguridad en México es innegable. Atrás quedaron los tiempos de la opacidad y la ineficacia, donde quienes hoy se erigen como críticos, permanecían silenciosos ante la escalada de violencia y corrupción que asolaba al país. Esos mismos que ahora alzan la voz, fueron cómplices, por acción u omisión, de un sistema que privilegiaba los intereses particulares sobre el bienestar colectivo. Sus reclamos actuales no son más que un intento desesperado por recuperar la relevancia política perdida, un eco vacío que contrasta con la realidad tangible de un país que avanza hacia la pacificación.

La seguridad, pilar fundamental de cualquier nación, no se construye sobre cimientos endebles ni con soluciones improvisadas. Requiere de una estrategia integral, una arquitectura jurídica sólida y una visión a largo plazo que trascienda los vaivenes políticos. La reciente reforma a los artículos 76 y 78 de la Constitución representa precisamente eso: un paso firme hacia la consolidación de un sistema de seguridad robusto, eficaz y respetuoso de los derechos humanos.

Con esta reforma, se corrige una omisión histórica al dotar al Senado de la facultad expresa de ratificar los nombramientos de los mandos superiores de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Este mecanismo, lejos de ser un mero trámite burocrático, establece un contrapeso fundamental que blinda a las instituciones de seguridad de cualquier tentación de politización o de sometimiento a intereses particulares. Se garantiza así la transparencia, la legalidad y el control democrático en una materia tan sensible como la seguridad pública.

La profesionalización y legitimidad de la Guardia Nacional se ven reforzadas con este nuevo marco legal. Al someter a los aspirantes a cargos superiores a rigurosos filtros institucionales, se asegura que su trayectoria, experiencia y compromiso estén a la altura de las exigencias del Estado mexicano. Se construye, de esta manera, una institución civil, comprometida con la seguridad ciudadana y ajena a cualquier interés coyuntural.

Contrario a los agoreros del desastre que predecían una militarización inminente, los resultados demuestran lo contrario. Los índices delictivos y la tasa de homicidios dolosos han disminuido, prueba irrefutable de que un Estado democrático puede fortalecer la seguridad sin sacrificar sus principios civiles y constitucionales. La eficacia de las reformas impulsadas desmiente los discursos alarmistas y confirma que estamos en el camino correcto.

La incorporación del lenguaje incluyente y no sexista en nuestro marco normativo no es un detalle menor. Es un reconocimiento jurídico a la igualdad sustantiva y a los compromisos internacionales del Estado mexicano. Modernizar el texto constitucional en este sentido reafirma que la seguridad y la igualdad son dos caras de la misma moneda, elementos esenciales de un proyecto democrático que busca el bienestar de todas y todos.

En resumen, esta reforma consolida la transparencia, fortalece los contrapesos, dignifica a la Guardia Nacional, moderniza nuestra Carta Magna y reafirma nuestro compromiso con la igualdad. La seguridad pública no se militariza, se institucionaliza bajo parámetros civiles, democráticos y con irrestricto apego a los derechos humanos. Esa es la ruta que hemos elegido y que, con hechos, no con palabras, ha demostrado su eficacia. El camino hacia un México más seguro y justo es una realidad que se construye día a día.