La discusión del presupuesto ha desatado una ola de reacciones, y el aumento al IEPS en bebidas azucaradas se encuentra en el ojo del huracán. Más allá de una simple medida fiscal, este incremento se erige como un escudo protector frente a una de las mayores amenazas para la salud de México: la epidemia de enfermedades crónicas ligadas al consumo desmedido de refrescos y alimentos procesados. No podemos ignorar que México ostenta el nada honroso título de campeón mundial en consumo de refrescos, con una ingesta promedio de 166 litros por persona al año. Imaginen: cada botella de 600 ml, el tamaño más común, contiene el equivalente a 15 cucharadas de azúcar. Calorías vacías, sin ningún aporte nutricional, que alimentan el monstruoso crecimiento de enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, verdaderas plagas que siegan vidas y discapacitan a miles de mexicanos.

Los números son escalofriantes y pintan un panorama desolador. Anualmente, cerca de 100 mil personas pierden la batalla contra la diabetes. Más de 100 mil luchan por sobrevivir gracias a la diálisis o hemodiálisis. Y la tragedia continúa: cada día, 75 mexicanos sufren la amputación de una pierna o un pie debido a las complicaciones de esta enfermedad. La sombra de esta epidemia se proyecta incluso sobre nuestros niños: uno de cada tres ya padece sobrepeso u obesidad, una señal alarmante que presagia un futuro sombrío si no tomamos medidas drásticas.

El costo humano es, sin duda, inaceptable. Pero el impacto económico tampoco puede pasarse por alto. El sistema de salud destina la exorbitante cifra de 180 mil millones de pesos al año para atender las consecuencias de estas enfermedades. Cada paciente en terapia de sustitución renal representa un gasto anual de 415 mil pesos para el erario público. A este ritmo, el sistema de salud está al borde del colapso, una bomba de tiempo a punto de estallar.

Ante este panorama desolador, el ajuste al IEPS se presenta como una medida no solo necesaria, sino urgente. El impuesto pasará de 1.65 a poco más de 3 pesos por litro, lo que se traduce en un aumento de aproximadamente un peso en la presentación de 600 ml. No se trata de una estrategia recaudatoria, sino de un llamado a la conciencia, un incentivo para modificar hábitos de consumo y proteger la salud de la población.

La experiencia internacional nos muestra el camino. Sudáfrica, Chile y Berkeley, California, son ejemplos de cómo este tipo de medidas han logrado reducir significativamente el consumo de bebidas azucaradas. En Sudáfrica, la caída fue del 29% en un solo año. En Chile, del 21%. Y en Berkeley, la reducción acumulada alcanzó un impresionante 52% en tan solo tres años. En México, ya vimos resultados positivos en 2014, cuando el primer impuesto logró disminuir las compras de refrescos en casi un 10%.

Se estima que este nuevo ajuste reducirá el consumo en un 7% en los próximos dos años. Además, se espera recaudar hasta 41 mil millones de pesos, que se destinarán a un fondo para financiar programas de salud y prevención. En otras palabras, menos refrescos se traducen en más vidas salvadas y más recursos para atender a quienes ya padecen las consecuencias de esta epidemia.

Este impuesto a las bebidas azucaradas es, en realidad, un impuesto a la enfermedad. Detrás de cada litro de refresco se esconden costos ocultos, vidas truncadas, amputaciones, niños condenados a vivir con diabetes. No se trata de una restricción a la libertad individual, sino de una acción responsable para proteger la salud colectiva y construir un futuro más sano para México. Es una inversión en la vida, en el bienestar de las familias mexicanas y en la sostenibilidad de nuestro sistema de salud.